Parece que poco a poco se van cerrando los acuerdos que permitirán que Díaz Ayuso presida la Comunidad de Madrid, una posibilidad que podría beneficiar la consecución de algunos proyectos del ayuntamiento de Boadilla del Monte, que están sobre la mesa de la Comunidad de Madrid.
Según su comunicado:
VOX facilitará la investidura de la señora Isabel Díaz Ayuso bajo la premisa de que la candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid y sus socios de gobierno, acepten introducir los puntos enumerados a continuación.
Esta propuesta no compromete a VOX como socio de gobierno. Desde una leal oposición, defenderemos en su integridad nuestro programa político, tal y como nos comprometimos con nuestros electores.
Prosperidad
– Se eliminarán o reducirán al máximo todos los impuestos existentes en la Comunidad de Madrid, con respeto a los objetivos de estabilidad presupuestaria, al no incremento de la deuda y a la eficiencia del gasto público.
– Se racionalizará la estructura del Sector Público Institucional, eliminando aquellas agencias, empresas públicas, entes y organismos que no respondan a criterios razonables de uso del dinero público.
– Se realizará una auditoría de las subvenciones otorgadas en la última legislatura, con determinación de su importe, destinatario, fines y acceso a la memoria de ejecución elaborada por el receptor de la subvención; con el fin de garantizar que los fondos públicos no van destinados a entidades de carácter ideológico.
– Se gestionarán los recursos destinados a la Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid dando prioridad a proyectos de desarrollo de la región para frenar la despoblación y/o paliar sus efectos en las zonas rurales y mejorar las zonas marginales que aún existen en nuestra comunidad, así como para la promoción de proyectos que favorezcan el acceso al mercado laboral a personas en situación de vulnerabilidad.
– Se destinarán los recursos procedentes de la reducción de gasto político y de la reducción del Sector Público Institucional a aumentar el presupuesto disponible para educación, sanidad, ayudas a la dependencia y ayudas a la discapacidad.
Familia, libertad de educación y de pensamiento
– Se modificará la Consejería de Asuntos Sociales y Familia y pasará a ser la Consejería de Asuntos Sociales, Familia y Natalidad para revertir el invierno demográfico e incentivar y apoyar la maternidad.
– Se garantizará el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones, tal y como está contemplado en el artículo 27.3 de la Constitución. Para ello, se introducirán mecanismos que garanticen la no injerencia de los poderes públicos en la educación de nuestros hijos.
– Se respetará la potestad de los centros educativos de adaptar los contenidos formativos al ideario del centro, siempre que éste sea coherente con los principios de libertad de educación recogidos en la Constitución Española.
– Nos comprometemos con la defensa de la libertad de cátedra.
– Pondremos en marcha de forma progresiva el “Cheque escolar”. Se comenzará con la educación de 0 a 3 años. Se promoverá la elección de centro educativo.
– Se aprobarán y/o reforzarán los protocolos existentes en los centros educativos que aseguren protección frente a situaciones de discriminación, acoso o violencia, en concordancia con la legislación vigente. Se asegurará que cualquier tipo de acoso, discriminación o violencia será tratado de la misma forma, evitando que diferentes víctimas de acoso tengan diferentes grados de protección.
Inmigración
– Se colaborará con la Administración General del Estado para asegurar una inmigración ordenada, legal y respetuosa con nuestra cultura occidental y vinculada al mercado de trabajo. En concreto, se garantizará que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado tengan acceso directo, de acuerdo siempre con la Ley de Protección de Datos, a la información de que dispone la Administración Regional sobre los extranjeros en situación irregular.
– Se revisará y modernizará la política de creación de centros para albergar a inmigrantes menores no acompañados (MENAS), bajo las premisas de seguridad para los menores, los trabajadores y los vecinos, así como la eficacia en la inserción cultural y socio laboral.
– Se asegurará que ningún extranjero ingresa en un centro de menores sin que haya sido determinada de forma fehaciente su edad. En caso de no cumplirla, la Administración Regional se pondrá en contacto con los organismos competentes para la acreditación oficial de su edad, así como para los procedimientos necesarios contemplados en nuestras leyes.
– Se colaborará con las instituciones competentes, españolas y extranjeras, en la lucha contra las mafias de tráfico de personas y aquellas organizaciones que favorezcan la presencia de extranjeros en situación ilegal y la proliferación de actividades delictivas organizadas (narcotráfico, venta ambulante ilegal, prostitución, trata, ocupación ilegal).
