La Comunidad de Madrid estudia facilitar el acceso al empadronamiento a las víctimas de violencia sexual para garantizar así que puedan disfrutar de los recursos públicos, como cualquier otro ciudadano que reside en un municipio de la región.
Es una de las medidas propuestas por el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad del Gobierno regional, Alberto Reyero, en la cuarta reunión del Grupo de Trabajo Contra la Violencia Machista, mantenida hoy de forma telemática.
Esta propuesta, que se trabaja junto a la Federación de Municipios de Madrid, tiene el objetivo de garantizar las condiciones mínimas de subsistencia de un colectivo especialmente vulnerable, como son las mujeres en riesgo de explotación sexual y las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.
El hecho de estar empadronadas supone su primera vía de inclusión porque garantiza su acceso a servicios públicos esenciales: tener la tarjeta sanitaria o la atención y gestión de prestaciones en servicios sociales municipales, con asignación de un profesional de referencia.
De esta forma, con la carta de ciudadanía estarían identificadas, es decir, constarían como residentes en la Comunidad de Madrid y además tendrían una residencia definida, ya que la mayoría proviene de clubs de alterne o pisos clandestinos, con imposibilidad de facilitar esos lugares para poder gestionar la documentación requerida por los ayuntamientos para el padrón.
CUARTA REUNIÓN CON GRUPOS POLÍTICOS Y TERCER SECTOR
Reyero ha puesto sobre la mesa una batería de medidas propuestas previamente por los grupos políticos y las entidades del tercer sector que participan en el Grupo de Trabajo Contra la Violencia Machista.
El objetivo es sacar adelante un documento consensuado de medidas para luchar contra la violencia de género en todas sus formas. Entre esas medidas, destaca además la distribución de una Guía para el tratamiento adecuado de la temática en los medios de comunicación.
Se trata de un manual de estilo que ha elaborado el Gobierno regional para que profesionales que desempeñan su trabajo informando a la ciudadanía tengan una referencia para el manejo de un lenguaje inclusivo y responsable.
