La exalcaldesa del Partido Popular de Serranillos del Valle, Olga Fernández, vuelve a ser noticia al haber sido condenada por la Audiencia Provincial de Madrid a dos años y medio de cárcel por “un delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de prevaricación y con un delito de malversación de caudales públicos” al haber cobrado una subvención de la Comunidad de Madrid con una factura falsa de 30.000 euros según se recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Qué! Madrid.
Los hechos se remontan al año 2008, cuando la regidora decidió construir una plaza en unos terrenos situados en la calle Frontera 2, permutados en el año 2007. Para ello, el Consistorio contrató distintos servicios eléctricos y de excavaciones, siendo posteriormente urbanizado el espacio municipal por los operarios municipales, no incurriendo en ningún caso en ilegalidades.
Los hechos delictivos comenzaron un año después, cuando la Comunidad de Madrid convocó una serie de subvenciones a Ayuntamientos destinadas a financiar las inversiones necesarias para la prestación de los servicios de competencia municipal en el año 2009. En esta convocatoria, Olga Fernández decidió incluir la obra de la plaza mencionada con el fin de recibir una subvención.
Falsearon una factura de casi 30.000 euros
Uno de los requisitos para poder recibir esta ayuda era presentar las facturas de los distintos servicios que se habían realizado. Al haberse realizado con recursos municipales, la regidora decidió pedirle al coordinador de Servicios Generales del Consistorio, Fernando Farelo, que emitiese una factura falsa por un importe de 29.415,22 euros desde la empresa Aceryfor, de la que había sido administrador hasta el año 2008.
Pero las ilegalidades no acaban aquí, ya que una vez que la Comunidad de Madrid concede la subvención al Ayuntamiento, Farelo cobra primero un cheque al portador para Aceryfor ordenado por la alcaldesa por un importe de 4.057,27 euros en enero de 2010 y una transferencia bancaria a la cuenta del coordinador en noviembre del mismo año por un importe de 3.042,95 euros relacionada con la factura en cuestión.
Por estos hechos, los magistrados de la Audiencia Nacional han condenado a la exalcaldesa Olga Fernández Fernández a dos años y seis meses de prisión y siete años y un mes de inhabilitación en cargos públicos como autora penalmente responsable de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de prevaricación y con un delito de malversación de caudales públicos.
Asimismo, el tribunal ha condenado al ex-coordinador de Servicios Generales, Fernando Farelo, por los mismos delitos a un año y cuatro meses de prisión y a tres años y siete meses de inhabilitación para cargos públicos, mientras que al administrador de Aceryfor en el momento que se emitió la factura, Gustavo Ortiz, se le han impuesto las penas de un año y dos meses de prisión y tres años y dos meses de inhabilitación.
Además, la sala les condena a pagar a los tres acusados las costas penales y a reintegrar al ayuntamiento la cantidad de 7.100,22 euros, más los intereses legales expresados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Olga Fernández, la alcaldesa que llenó de corrupción Serranillos del Valle
El actual alcalde independiente de Serranillos del Valle, Iván Fernández Heras, ha celebrado la victoria de esta batalla judicial de “una de las muchas tramas de corrupción que ha habido en Serranillos del Valle y que hemos pillado”.
“Durante muchos años han mal usado nuestros caudales públicos y por fin es hora de que paguen y nos devuelvan todo el dinero”, ha añadido el regidor, que ha recordado que en los últimos años no han podido sacar adelante muchos de los proyectos ya que el dinero lo han tenido que destinar a pagar costas y sentencias de los chanchullos e ilegalidades realizadas durante el mandato de Olga Fernández.
“Esta situación irregular la detectamos en el año 2016 cuando realizamos varios despidos entre los que se encontraba el del coordinador de Servicios Generales, Fernando Farelo, que había pedido constantemente el pago de una factura que no tenía número de registro ni presupuesto previo. Nos pusimos a investigar y poco a poco fuimos descubriendo esta situación”, dice Fernández.
Casi un millón de euros destinado al pago de sentencias en los últimos dos meses
También el alcalde ha manifestado que en los últimos dos meses el ayuntamiento de su población, de 4.500 habitantes, ha tenido que proceder al pago de dos sentencias que suman casi un millón de euros por otras irregularidades cometidas durante el mandato de Olga Fernández, una de ellas con un pago de más de 700.000 euros por un contrato nulo de pleno derecho que firmó la exalcaldesa popular.
Entre 2005 y 2006 Fernández firmó un convenio con un constructor del pueblo para que le prestara casi 600.000 euros para fines municipales, creyéndose que esta partida iba destinada al pago de facturas y nóminas. A cambio de este acuerdo, la alcaldesa le daba al constructor unos terrenos para edificar viviendas.
Pero debido a la crisis económica y a las irregularidades existentes en los proyectos de obra, el constructor no pudo realizar los inmuebles, denunciando ante los tribunales en 2015, meses antes de que entrara Iván Fernández a la Alcaldía, que el ayuntamiento le devolviera la cantidad prestada.
Después de una sentencia favorable para el ayuntamiento, el constructor presentó un recurso que en septiembre le ha dado la razón, teniendo que devolverle de forma inmediata los 600.000 euros y los intereses de demora, rozando la cifra de 700.000 euros, estando obligados a solicitar un fondo de ordenación para hacer frente al pago.
“Me avergüenza esta situación porque tenemos que pagar casi 700.000 euros, que supone casi un 10% de nuestro presupuesto municipal, sin saber concretamente a dónde fue a parar ese dinero”, manifestó Iván Fernández durante el pleno de septiembre.
