La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al exjefe de Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Gregorio Marañón, Emilio Álvarez, y a una técnico de laboratorio por un delito continuado de malversación de caudales o bienes públicos por realizar entre 2012 y 2015 pruebas diagnósticas de pacientes que procedían de centros hospitalarios privados.
Así consta en una sentencia en la que los magistrados aprecian las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas. En la causa ejerce como acusación CC.OO. por considerar que existía “un uso indebido de los servicios públicos”.
Se les condena a tres meses de prisión, con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, a sustituir por seis meses de multa, con cuota diaria de cinco euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago e inhabilitación para empleo o cargo público durante nueve meses. Además, deberán devolver lo defraudado, cantidad que asciende a los 34.240,60 euros y que ya se ha abonado.
El ‘modus operandi’ consistía en que los condenados realizaban pruebas diagnósticas de elevado coste en el Hospital Gregorio Marañón que procedían de pacientes de dos hospitales privados de Madrid. Los costes de esas pruebas los asumía el erario público pero los condenados las facturaban a los pacientes y recogían los beneficios.
Los hechos se produjeron entre los años 2012 y 2015. Los investigados llevaron a cabo en el laboratorio de inmunohistoquímica del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Gregorio Marañón, el análisis de 2.770 muestras procedentes de pacientes de clínicas privadas.
Se usaban las máquinas y los medios del hospital público pero el análisis de muestras procedían de pacientes de clínicas privadas y, una vez procesadas, se remitían a los hospitales privados de origen y eran facturadas a los pacientes o a sus compañías aseguradoras, con el consiguiente perjuicio económico para la sanidad pública.
El montante total que se demostró defraudado por la realización de pruebas indebidas ascendió a 34.240,60 euros, cifra que fue devuelta por los acusados y que la justicia ha ordenado que se consigne a la Comunidad de Madrid en abono del perjuicio causado.
Rosa Mª Cuadrado, secretaria general de CC.OO. Sanidad Madrid, ha destacado que la condena muestra la “falta de transparencia y control de la gestión en los servicios públicos”.
Se trata así de “una condena ejemplarizante y un reconocimiento moral”, ha subrayado Cuadrado, recordando que este caso es una “gota en el océano”. “Es urgente que la Comunidad de Madrid vaya más allá y de una vez trabaje en la articulación de mecanismos prácticos y eficaces de control de los medios y los fondos públicos”, ha dicho.
