El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado archivar la causa contra el expresidente de la constructora OHL Juan Miguel Villar Mir que se seguía en la Audiencia Nacional en el marco de la pieza número 3 del caso ‘Lezo’.
Además, en el auto del juez también se archiva provisionalmente en esa pieza, relativa a la presunta adjudicación irregular de las obras del tren de Móstoles a Navalcarnero, la investigación contra el ex consejero delegado de la constructora, Tomás García Madrid, y contra el exconsejero delegado de la extinta empresa pública Mintra Jesús Trabada.
La decisión del juez llega pocos días después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara que concluyera la instrucción de esa pieza número 3 y propusiera asimismo juzgar a seis personas, entre ellas al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y al empresario Javier López Madrid. Ya en ese informe, el Ministerio Público adelantaba que no veía indicios suficientes para acusar a Villar Mir.
Anticorrupción indicaba que desde su punto de vista la investigación sobre el pago de una presunta comisión de 2,5 millones de dólares a Ignacio González para la adjudicación en 2007 a OHL del proyecto de cercanías entre los municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero, que no llegó a culminarse, ya está concluida.
Ahora, Manuel García-Castellón acuerda poner fin a la investigación y da 30 días al Ministerio Público y a las acusaciones para que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral en la forma prescrita en la ley, o soliciten el sobreseimiento de la causa.
En su auto, el magistrado sigue la línea indagatoria marcada por Fiscalía y mantiene la imputación contra el expresidente Ignacio González, el empresario Francisco Javier López Madrid, los directivos de OHL Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas y Felicísimo Damián Ramos Ramos, el empresario Adrián de la Joya y el exgerente del Canal Isabel II Ildefonso de Miguel Rodríguez.
LA OPERATIVA DEL TREN
Según explica el juez en su auto, la adjudicación de este contrato para la construcción del tren de Navalcarnero obedeció a un plan ideado por los investigados Francisco Javier López Madrid, consejero de OHL en el momento de los hechos, y Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas, consejero Director General de Construcción Nacional de OHL, consistente en asegurarse la adjudicación inicial y conseguir la posterior autorización de un modificado contractual con el que compensarían la merma de ingresos que suponía esa oferta.
“Para lograr su propósito ambos investigados destinaron 2,5 millones de dólares, aproximadamente 1,8 millones de euros, al abono de una ilícita comisión entre cuyos beneficiarios se encontraban los investigados Ildefonso de Miguel Rodríguez e Ignacio González, presidente del Ente Público Canal de Isabel II y vicepresidente de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2012, a fin de que este último ejerciera su influencia sobre Jesús Trabada, entonces Consejero Delegado de Mintra y, como tal, órgano de contratación de la entidad”, explica el auto.
Con ese plan sobre la mesa, para llevar a cabo el pago de la citada comisión contaron “con la colaboración esencial” de los investigados Felicísimo Damián Ramos Ramos y Adrián de la Joya, “quienes se avinieron a desarrollar las actuaciones necesarias para ello”.
Así, días después de la adjudicación, el investigado Felicísimo Damián Ramos, siguiendo las instrucciones de su superior jerárquico en OHL, el investigado Rafael Arturo Martín, ordenó que de las cuentas que OHL tenía abiertas en España se transfirieran 2,5 millones de dólares a cuentas bancarias abiertas en México a nombre de dos sociedades del Grupo OHL.
EL PAPEL CLAVE DE ADRIÁN DE LA JOYA
Con el fin de dar cobertura a esta salida de fondos, dice el magistrado, Felicísimo Damián Ramos, de acuerdo con López Madrid y Rafael Arturo Martín, elaboró dos facturas por prestación de servicios ficticios que hizo aparecer formalmente emitidas por la sociedad panameña LAURYN GROUP INC., propiedad de Adrián de la Joya.
Esas dos facturas iban dirigidas a las dos sociedades mexicanas que recibieron los citados fondos. La utilización de esta sociedad panameña obedeció a que De la Joya había acordado con López Madrid que los fondos transferidos por OHL a México serían finalmente abonados en una cuenta que su sociedad LAURYN GROUP INC. tenía abierta en Suiza, a fin de hacérselos llegar a Ildefonso de Miguel Rodríguez, para lo cual recibiría una comisión por importe de un tercio de los fondos.
En ejecución de su plan, el 30 de noviembre de 2007, Felicísimo Damián Ramos, siguiendo las instrucciones de López Madrid y Rafael Arturo Martín, ordenó transferir esos 2,5 millones de dólares desde México a la cuenta suiza de LAURYN GROUP INC. Seguidamente, en fecha anterior al mes de julio de 2008, Adrián de la Joya hizo llegar al investigado Ildefonso de Miguel Rodríguez en Madrid fondos en efectivo por un importe entre 2 millones de dólares y 2,5 millones de euros con los que debía hacer frente al pago de las comisiones ilícitas.
No obstante, el magistrado apunta que a día de hoy no ha sido posible llegar a conocer las circunstancias concretas en las que se llevó a cabo el reparto de esas comisiones entre este investigado e Ignacio González.
Finalmente y siguiendo con el plan ideado, el 7 de octubre de 2011, a pesar de que la sociedad concesionaria tuvo que paralizar la ejecución de las obras al no conseguir financiación debido a la oferta que presentaron, solicitaron una modificación contractual aduciendo indebidamente causas imprevistas, si bien, dado que en esa fecha Mintra ya había sido disuelta, no lograron culminar su propósito al ser inadmitida su solicitud por la Consejería de Transportes e Infraestructuras, sucesora de MINTRA.
Cabe recordar que OHL siempre ha defendido que en la investigación interna que realizó con respecto a este asunto se identificaron dos transferencias por importe de 2,5 millones de dólares por facturas emitidas y contabilizadas de Lauryn Group sin que haya indicio de que pudieran estar relacionadas con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo.
El juez García-Castellón ya ha enviado a juicio las dos primeras piezas de este causa sobre corrupción en el Canal Isabel II, relacionadas con la compra con fondos públicos de la empresa brasileña Emissao y de la colombiana Inassa por las que sienta en el banquillo a 29 personas. Por estos hechos, Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para Ignacio González.
