El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado al comisionado del Gobierno de Madrid para la Atención a las Víctimas del Terrorismo, Ignacio García de Vinuesa, así como a otros cuatro exalcaldes y varios concejales del PP por los trabajos de reputación ‘online’ que se investigan en el marco del caso ‘Púnica’.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha dictado un auto, con fecha del pasado 3 de noviembre, en el que acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción de llamar a declarar en calidad de investigados a exalcaldes del PP, como es el caso del hasta ahora alto cargo del Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso, por su etapa como alcalde de Alcobendas; a Ana María Kringe (Denia), Juan Alfonso Bataller (Castellón), Raúl López Vaquero (Coslada) y Narciso de Foxá (Majadahonda) por el pago con fondos públicos de los trabajos que habría realizado para ellos las empresas de Alejandro de Pedro.
En este sentido, el juez también cita a declarar, aún sin fecha, como investigados en la pieza 10 del caso ‘Púnica’ a concejales y trabajadores de estos consistorios por su participación en la contratación de Eico y Madiva para que mejorara la reputación de los entonces alcaldes a través de diarios digitales creados ‘ad hoc’, blogs, gestión de redes sociales o campañas de publicidad.
Así, imputa al que fuera jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Denia Claudio José Reig; al concejal del Gandía, Víctor Soler; a la asesora del exalcalde de Castellón de la Plana Cristina Querol, la entonces coordinadora de Comunicación del mismo Ayuntamiento, y al concejal Juan José Pérez.
También al que fuera jefe de Prensa del Ayuntamiento de Coslada; a la jefa de la campaña electoral de García Vinuesa para revalidar la Alcaldía de Alcobendas; a la exresponsable de prensa del Ayuntamiento de Majadahonda; y el que fuera responsable de Nuevas Tecnologías de este consistorio, Jaime José López Ruiz.
La lista de las nuevas imputaciones la completan el exjefe de Gabinete de Prensa de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid; dos empleados de las empresas de De Pedro, Abel Linares Palacios y Víctor Daniel Steinberg Rubin; y el exdirector de la Fundación para el Conocimiento Madrid+D Luis Sánchez Álvarez.
Todos ellos se encuentran investigados por los delitos de fraude, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsificación de documento mercantil y prevaricación.
TRABAJOS PARA CONSEGUIR UNA “IMAGEN POSITIVA”
El juez explica en su auto que, según se recoge en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, García de Vinuesa “habría concertado en el año 2011 con el investigado Alejandro de Pedro que cuidase su reputación personal en la red a través de la sociedad Eico, a los efectos de que Internet ofreciese una imagen positiva de su persona que le favoreciese”.
“Simultáneamente, acordaría con el mismo la estrategia para que fuesen fondos públicos quienes abonasen este trabajo, con conocimiento de que por ser servicios de índole personal tendría que haberlos pagado él”, destaca la resolución.
Añade que “llama la atención” que todas las facturas relacionadas con la contratación de posicionamiento ‘online’ fuesen presentadas al Patronato Sociocultural vinculado al Ayuntamiento de Alcobendas, organismo cuyo fin es la ejecución de programas culturales, y que éste las tramitara “como contratos menores, adjudicados por decreto, fraccionando la prestación, lo que impidió la aplicación del procedimiento abierto de la contratación pública”.
A través de estas facturas, se ha podido conocer que desde el año 2011 y hasta 2014 este organismo municipal “vino atendiendo facturas” de las empresas de De Pedro, con “conceptos imprecisos y sin concreción del trabajo realizado, encubriendo indiciariamente el pago de los servicios de reputación personal del alcalde”, señala el magistrado.
Sobre la Consejería de Educación de Madrid, el juez quiere indagar en el concierto que habrían diseñado los investigados para que los “fondos públicos costeasen de forma encubierta los trabajos de índole personal que EICO realizó” entre 2011 y 2014 a la exconsejera Lucía Figar, imputada en este caso.
En el caso de Víctor Soler, el juez pide a las Cortes Valencianas que certifique si mantiene actualmente la condición de diputado en esa cámara, pues de ser así estaría aforado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El magistrado advierte de que en caso de respuesta afirmativa elevará una exposición elevada para remitir la causa a dicho órgano judicial para que investigue al ‘popular’ y que si no se encuentra aforado, será él quien le cite a declarar como investigado.
Según explica en el auto, se le investiga por concertar con el exalcalde de Gandía Arturo Torró, también imputado en esta causa, cómo satisfacer “la deuda pendiente y afrontar el pago de nuevos trabajos de reputación” de las empresas de De Pedro con dinero público.
En este sentido, señala que de la información remitida por la Agencia Tributaria se ha podido comprobar que Eico facturó en 2012 al Ayuntamiento de Gandía la cantidad de 13.100 euros y en el año 2013 la de 8.470 euros.
FACTURAS QUE “NO ERAN REALES”
Con respecto al Ayuntamiento de Denia y Coslada, el juez instructor apunta que se sospecha que los trabajadores de EICO y Madiva confeccionaron facturas “mendaces” que recogían conceptos que sabían que “no eran reales”.
Similar operativa se realizó en Castellón, donde, según explica el auto, los investigados “para ocultar el pago del gasto personal del alcalde por el Ayuntamiento, convendrían adjudicar un contrato que simularía contratar publicidad de cobertura para campañas simuladas a otra de las empresas de la trama, Madiva”.
Por último, sobre el Ayuntamiento de Majadahonda también tramitó las facturas emitidas por EICO y Madiva como “contratos menores, fraccionando la prestación de cobertura, que velaría el verdadero trabajo realizado”, logrando así saltarse el concurso público o negociado. Apunta que otras facturas abonadas también “simularon” la contratación de publicidad.
