Durante la etapa más dura de la pandemia de Covid, las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid tan solo consiguieron derivar a unos 900 ancianos, según el reconoce el propio Gobierno regional.
En respuesta a las peticiones escritas del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, el Ejecutivo de Ayuso ha aportado el dato de ingresos entre el 18 de marzo y el 5 de abril —las semanas más duras de la pandemia—, donde los días con menos ingresos únicamente 40 ancianos fueron ingresados, todos en hospitales públicos.
De los datos aportados por el Gobierno regional se extrae que a partir de la segunda semana de abril, los ingresos en hospitales de mayores con síntomas de coronavirus fueron normalizándose, pero después esos protocolos quedaron anulados.
En su día, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, informó que del 8 de marzo al 7 de abril, murieron 4.750 personas con coronavirus en todas las residencias de la región, contando las de discapacidad y enfermedad mental. Sin embargo, los muertos en las de mayores aglutina la mayor cifra: 4.250 fallecidos.
Ese dato se actualizó por última vez al finalizar el estado de alarma. Entonces la Comunidad de Madrid dijo que en todas las residencias habían muerto 5.885 personas con coronavirus.
‘Opacidad y falta de transparencia’
En el Pleno de la Asamblea de Madrid, el pasado jueves, la responsable de Políticas Sociales del Grupo Socialista, Purificación Causapié, acusó al Gobierno de Ayuso de opacidad por no haber informado de los datos de ancianos muertos en residencias desde hace más de seis meses.
Causapié interpeló al consejero de Políticas Sociales, Javier Luengo, asegurando que “al anterior consejero le quitaron las competencias por atreverse a dar los datos. Ahora usted sabe que la transparencia le puede quitar su puesto y ha optado por el silencio. Contestan a las preguntas realizadas por esta diputada y por la comisión de investigación de manera parcial y farragosa. Se acogen a la protección de datos para no aportar comunicaciones oficiales y no entregan actas e informes a la comisión”.
La diputada socialista insistió en que, si se suman los mayores fallecidos en residencias con los que murieron en hospitales, la cifra supera las 11.000 víctimas. También acusó al Gobierno de la Comunidad de ejecutar protocolos para que los ancianos con síntomas de coronavirus no fuesen derivados a hospitales, negándoles también la atención en la Sanidad privada o en el hospital portátil de IFEMA.
Para defenderse, Luengo aseguró que su Consejería siempre ha dado “información detallada y comprometida por la transparencia y ha ofrecido todos los datos a los Grupos y los ciudadanos […] Hemos mantenido una coordinación continua y diaria con la Consejería de Sanidad y con el Ministerio. Y demos dado casi mil respuestas en preguntas escritas y peticiones de información. No tenemos ningún motivo para opacidad”.
