Varios vecinos y un letrado de la Federación Regional de Vecinos de Madrid han acudido este martes, en representación de la Cañada Real, a la Fiscalía Provincial de Madrid para interponer una denuncia por los cortes de luz que llevan sufriendo desde hace tres meses.
Los vecinos de Cañada han asegurado que la privación de electricidad no se trata de un fallo eléctrico de la compañía Naturgy, tal y como asegura la Administración, sino que forma parte de “un plan intencionado” para expulsarlos de sus viviendas.
En concreto, el sector 5 de Cañada se encuentra en los terrenos de lo que serán los desarrollos urbanísticos de Ahijones, Valdecarros y Berrocales, por lo que los vecinos demandantes insisten en que su “problema no se debe a una sobrecarga sino a una reducción de potencia por parte de Naturgy, bien por orden o autorización de las administraciones“, han comunicado en un manifiesto.
Una pregunta ante el Parlamento Europeo
El eurodiputado de Anticapitalistas, Miguel Urbán, que ha acompañado a la representación de vecinos de la Cañada, ha anunciado que formulará una pregunta en el Tribunal Europeo, ya que entiende que la Comunidad de Madrid no ha destinado a vivienda social una partida de 35 millones de euros.
Para Urbán, “esos fondos no se han gastado cuando termina en 2020 la ejecución. No ha habido ejecución, se ha pedido una ampliación de plazo y en esa petición ha desaparecido la Cañada. Queremos preguntar por qué ha desaparecido, por qué no se han utilizado esos fondos”, ha añadido.
En línea con las quejas de los afectados, el eurodiputado también ha cuestionado que los cortes de suministros sean consecuencia de un problema técnico, y ha insistido en que se están haciendo “como una forma de coacción hacia los vecinos y vecinas de Cañada Real”.
Se sienten criminalizados por Ayuso
El abogado de la Federación Regional de Vecinos de Madrid, Raúl Maíllo, que también ha estado este martes junto a los vecinos de Cañada, ha destacado que le sorprende que los cortes de luz se estén “produciendo especialmente desde que la Cañada ha sido separada tanto de las vías circundantes como de las gasolineras accesorias”.
Además, el letrado ha remarcado que se trata de “una exigencia jurídica y legal del cumplimiento del Pacto por la Cañada que continúe el mantenimiento y la obligación del suministro”, y ha cifrado en 4.000 las personas afectadas, casi 2.000 menores.
Por su parte, la representante de los vecinos de Cañada le ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “una rectificación pública sobre la criminalización que hizo en el Pleno de la Asamblea”, donde aseguró que la gente del barrio afectado tenía Porsches aparcados en las calles mientras se negaban a pagar la factura de la luz.
En un comunicado leído por una portavoz vecinal, los afectados reclaman a las instituciones regionales y locales que respeten “la garantía de suministros básicos para las personas que viven en Cañada”. Además, han justificado la interposición de la denuncia apelando a la “situación de desamparo” que aseguran vivir desde hace meses, desde que comenzaron los cortes de suministro.
Vulneración de derechos
Los denunciantes han insistido en que la situación de cortes de luz vulneran los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, algo que recogió la Convención de Derechos de la Infancia de Naciones Unidas, ratificada por España hace 30 años: “Esta situación que vivimos es una vulneración de los derechos fundamentales de la infancia y así fue expresado por el Alto Comisionado en la Lucha contra la Pobreza Infantil tras la visita que hizo a la Cañada el 18 de diciembre, cuando escuchó a adolescentes perjudicados física y psicológicamente”, ha insistido la portavoz.
