El 2020 se apaga sin que en la Cañada Real se hayan solucionado los cortes de luz que afectan a unos 5.000 vecinos desde el pasado octubre.
Desde entonces, las administraciones (Gobierno de la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento) han estado pasándose la pelota sin aportar ninguna solución concreta a la falta de suministro por parte de la empresa energética Naturgy.
En los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana, los más afectados por los cortes, viven en torno a unas 8.000 personas en una superficie de 16km de ancho y menos de 100 metros de ancho.
Desde hace dos meses y medio, 5.000 vecinas y vecinos de esas zonas sufren cortes constantes de electricidad. Los peor parados son los menores, en torno a 2.000, que están pasando el invierno sin calefacción ni agua caliente.
El pasado 23 de diciembre, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU solicitó que se restableciera “de inmediato” el suministro, asegurando que la privación de suministro “pone en peligro” la salud de esos menores.
Culpan a supuestas plantaciones de marihuana
La falta de un suministro eléctrico regular en la Cañada Real no es nada nuevo, de hecho, muchas de las precarias viviendas subsisten enganchando cables al tendido general de las torres más cercanas.
Al tratarse de un asentamiento ilegal no cuenta con una infraestructura de suministro eléctrico homologada. Por eso, otras muchas viviendas se abastecen de energía mediante generadores eléctricos que funcionan con gasoil y gasolina, lo que ha ocasionado que hasta 40 personas se intoxicaran por monóxido de carbono.
Sin embargo el problema se agravó el pasado octubre, cuando la luz simplemente dejó de llegar. En seguida, tanto Naturgy como el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Madrid, achacaron la ausencia de electricidad a una sobrecarga del sistema por unas supuestas plantaciones ilegales de marihuana.
La propia presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, remarcó que esa era la causa de los cortes de luz, las lámparas que necesitan las plantas de marihuana para germinar y desarrollarse. Además, en una sesión en la Asamblea de Madrid, insinuó que los vecinos de la cañada obtenían dinero de manera ilícita y, por tanto, tienen “los Porsches aparcados ahí”, pero no pagan la factura de la luz.
Esas declaraciones fueron muy criticadas por criminalizar automática y sistemáticamente a los 8.000 vecinos que viven en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real. Desde otros organismos, como la Delegación del Gobierno en Madrid, rehúsan de que el problema sea policial, y apuntan a que detrás hay fenómenos sociales más profundos que tienen que ver con la pobreza y la exclusión social.
Un pacto que nunca se cumple
Para intentar paliar el problema crónico del abastecimiento de suministros en la Cañada Real, en 2017 se reunieron la Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno y los ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada.
De aquel encuentro nació el Pacto Regional, que incluía un plan para restaurar y acondicionar la infraestructura de suministro eléctrico. Sin embargo, lo acordado en el Pacto jamás se llegó a aplicar y en 2020 la Cañada continúa padeciendo los mismos problemas que hace tres años.
Desde el pasado octubre, cuando se agravaron los cortes de luz, los vecinos han estado organizándose para intentar presionar a las administraciones y que se restablezca el suministro.
Una de las últimas acciones de los vecinos fue la presentación de una denuncia contra la Comunidad de Madrid, al entender que se está produciendo una vulneración de los Derechos Humanos.
La denuncia se presentó cuando los vecinos ya llevaban más de 70 días sin suministro eléctrico regular, y los servicios de Salud de la Comunidad de Madrid aseguraron que esta falta de electricidad empezaban a hacer evidentes los problemas físicos y psicológicos de los afectados.
Poco después de presentar esta denuncia, el eurodiputado de Anticapitalistas, Miguel Urbán, anunció que elevaría una pregunta ante el Parlamento Europeo para que se aclare dónde están los 35 millones de euros de fondos europeos que recibió la Comunidad de Madrid para mejorar la situación en Cañada Real.
“Esos fondos no se han gastado cuando termina en 2020 la ejecución. No ha habido ejecución, se ha pedido una ampliación de plazo y en esa petición ha desaparecido la Cañada. Queremos preguntar por qué ha desaparecido, por qué no se han utilizado esos fondos”, declaró Urbán.
Por su parte, los vecinos insisten en que los cortes de luz son absolutamente intencionados y aseguran que se están produciendo “como una forma de coacción” para que abandonen sus viviendas.
Acaba el año sin luz
Este miércoles, la portavoz adjunta de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Pilar Sánchez, le ha preguntado directamente al alcalde, José Luis Martínez Almeida por qué “no hace absolutamente nada” con los afectados por los cortes de Cañada.
Sánchez ha insistido en que la salud de los perjudicados por la falta de electricidad “cada vez es más preocupante”, tal y como alertaron médicos de Villa de Vallecas que se trasladaron al asentamiento para valorar la situación sanitaria de varias de las víctimas.
Desde Más Madrid no entienden “la actitud del alcalde de no hacer absolutamente nada. Se ha negado incluso a recibir a las familias y en el Pleno no quiso aprobar ninguna medida de las propuestas por Más Madrid”.
La concejala ha criticado la, a su juicio, ineficacia del Pacto Regional, y ha remarcado que si las personas afectadas por los cortes de luz están recibiendo alguna ayuda es por la solidaridad de los vecinos de Villa de Vallecas y Rivas.
Por su parte, la secretaria de Política Institucional del PSOE-M, Cristina González, ha exigido que se cumpla “de inmediato” el Pacto Regional, y que se restablezca el suministro cuanto antes.
González ha confesado que su partido sigue “con gran preocupación” la situación en la Cañada: “¿Por qué está permitiendo la presidenta de la Comunidad de Madrid esta vulneración de los derechos de estas personas? ¿!– /wp:paragraph –>
Desde el Grupo Municipal Socialista consideran que el Ejecutivo de Ayuso está haciendo “dejación de funciones”, y piden explicaciones a las Consejerías de Economía, Empleo y Competitividad, y de Vivienda y Administración Local, para que aclaren por qué continúa esta situación.
En cualquier caso, este jueves termina el año sin que las vecinas y vecinos de la Cañada Real hayan recibido ninguna alternativa por parte de unas administraciones a las que el problema eléctrico y social del mayor asentamiento de Europa parece importarles poco.
