La expresidenta regional Cristina Cifuentes ha afirmado este viernes en el juicio que “no tiene los papeles” de los trabajos que realizó en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) y ha aseverado que actuó “de buena fe” dando por buena el acta remitida por la Secretaría del Rectorado sin saber que hubiera una firma falsificada.
La exdirigente popular, que abandonó la política el 25 de abril de 2018, se enfrenta a tres años y tres meses de cárcel por la presunta comisión de un delito de falsedad documental del acta sobre la defensa del TFM. La declaración se produce después de que ayer un juez archivara la querella que interpuso contra los periodistas que destaparon el caso.
La fiscal Pilar Santos considera a Cifuentes inductora de la falsificación de un acta “a sabiendas” de que acreditaba una defensa del trabajo “que jamás se produjo” y que exhibió en varios medios y redes sociales “para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse”.
Además de a Cifuentes, se juzga a la entonces profesora de la URJC Cecilia Rosado y a la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito. La exdirigente popular se enfrenta a una petición fiscal de tres años y tres meses de cárcel, la misma pena que se pide para Feito.
Rosado ratificó el primer día de la vista la falsificación del acta a instancias de “presiones” por parte del exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC Enrique Álarez Conde, fallecido en 2019, y Feito.
NO DEFENDIÓ EL TFM
En su declaración, ha relatado que solo entregó el Trabajo de Fin de Máster (TFM) en un acto “informal” y ha reconocido que ni siquiera lo leyó, indicando que solo habló algo en líneas generales y sobre la bibliografía. “No defiendo ni leo el trabajo, solo lo entrego. No estaba Álvarez Conde”, ha aseverado la expolítica, quien ha querido dejar claro que el acta no era de defensa de su TFM sino del tribunal evaluarlo.
Cifuentes ha relatado que Dionisio Ramos le habló del máster en noviembre de 2011 y decidió matricularse al poder compaginarlo con su trabajo como diputada parlamentaria y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. Así, tendría un modelo no presencial con trabajos para suplir la asistencia y los exámenes.
“Álvarez Conde es la persona que me explicó la dinámica o cómo suplir la asistencia y exámenes y quien me fijó el calendario. Son doce asignaturas. Conde me dijo que no me preocupara por no ir a clase y me dijo que era una modalidad con alumnos que trabajan. No me sorprendió porque había otras universidades con modalidades parecidas. Por cada asignatura se hacía un trabajo. Todo era a través de Álvarez Conde”, ha narrado.
Además, ha indicado que le resultaba más cómodo trabajar sobre papel y no en un ordenador. “Cuando tenía los trabajos hechos, los mandaba en papel a través de alguien del equipo o de mi gabinete”. “No guardo ningún ejemplar. He estado buscando el TFM. Eran trabajos de trámite que mandaba. He estado buscando otros trabajos a lo largo de mi vida académica. No he encontrado ninguno. No sé si es lo normal. Ni siquiera mi primer borrador que hice”, ha recalcado.
“Quizá tenga que ver con el hecho de que mi vida como delegada era muy complicada. Tuve dos mudanzas y cinco mudanzas de despachos para que se haga idea de esos traslados. Parte de mis pertenencias están distribuidas en un trastero, en casa… No los tengo. No tengo esos papeles. Probablemente los destruí cuando obtuve las calificaciones”, ha recalcado. Además, ha señalado que hubo varios borradores del TFM, que mandó a Conde.
UNA NUEVA CITA EN SU AGENDA
La fiscal ha preguntado a Cifuentes por qué no entregó su agenda electrónica en la instrucción. En la primera sesión, su letrado José Antonio Choclán aportó una nueva prueba en relación a una cita extraída de su agenda de 2012 en la que consta la fecha y el día en el que defendió su máster.
“Quizás se podría haber llevado acabo más investigaciones en la instrucción. Cuando fui presidenta de la Comunidad de Madrid podría haber accediendo a mi agenda de la Delegación y cuando me marcho, mi secretaria también cesa. Y esa información se guarda en un pendrive y es ese el pendrive entregado”, ha detallado.
Al respecto, ha subrayado que esa cita demuestra que esa fecha constaba en la agenda y que no habría sufrido manipulación posterior. De hecho, el perito Luis E.Hellín realizará en la vista la pericial de cómo se extrajo esta cita.
SOLICITÓ EL TÍTULO EN 2014, LO RECOGIÓ EN 2017.
Cifuentes ha explicado que en 2014 solicitó el título de su máster porque estaba actualizando su currículum, si bien no lo recoge hasta finales de 2017. “No necesitaba el título para nada. No me aportaba ningún nivel académico que no tuviera incorporado en mi currículum”, ha relatado insistiendo en que el grado de máster ya lo tenía incorporado.
Al parecer, entonces le comentaron algún tipo de error administrativo sin conocer que había algún tipo de problema con la transcripción de las calificaciones. “Cuando me lo dan entiendo que es porque tiene todos los requisitos y que se han cumplido porque si no es así, una universidad no da el título. Yo no soy consciente de que hubiera algún tipo de problema hasta que salta a los medios”, ha recalcado.
En cuanto a la publicación de la noticia, ha señalado que encargó a su gabinete que hablaran con la universidad y que recabaran los documentos acreditativos de que había hecho este máster de postgrado.
“Les pido una copia del título. No tenía ningún documento ese momento acreditativo de que había realizado el máster y se lo pedí a mi gabinete. Pedí una copia del título, de la matrícula y del pago para demostrar que había realizado el máster“, ha agregado.
“NO HABLÉ CON NADIE DE LA UNIVERSIDAD”.
“No hablé absolutamente con nadie de la universidad. Tenía una llamada del rector pero no quise contestar para que nadie dijera que pudiera haber influido”, ha señalado y ha indicado que mostró el documento del acta sin que se pudiera plantear que hubiera una firma falsificada.
“Yo le aseguro que ni me lo hubiera imaginado. No se me hubiera pasado por la cabeza exhibirlo y mandarlo a los periodistas. Actué de buena dando por bueno un documento remitido por la Secretaría del rector. La buena fe la presumía absolutamente de la universidad cuando me mandaron el acta. Lo doy por bueno. No tenía ningún motivo para pensar que había una firma falsificada”, agregado.
Respecto al acta, ha insistido al abogado de la URJC que ella no lo firmó y que si ha habido “mala praxis” de la universidad que “lo mire”.
