El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un gasto conjunto de 22,4 millones de euros para prorrogar cuatro contratos de gestión, en la modalidad de concesión, del servicio de atención a personas mayores dependientes en instalaciones ubicadas en Madrid capital y en la localidad de Villa del Prado.
Estos acuerdos permiten mantener la actividad de un total de 905 plazas entre residencia, centros de día y pisos tutelados en inmuebles cuyo titular es la Comunidad de Madrid, según ha informado el portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, en rueda de prensa.
La primera de estas prórrogas tiene un importe de 9.129.338 euros para mantener el funcionamiento del centro de atención a mayores dependientes Platas y Castañar, de Madrid capital, que cuenta con 220 plazas residenciales y otras 45 en centro de día. La segunda afecta a las 140 plazas en residencia y 40 en centro de día del complejo Madrid Sur, ubicado en el distrito de Puente de Vallecas, y tiene un importe de 6.090.749 euros.
También hay una tercera prórroga que se aplica al contrato del Centro de Villa del Prado, y que suma 120 plazas residenciales y 40 de centro de día. En todos estos casos la prórroga estará vigente durante dos años, desde el próximo 16 de abril al 15 de abril de 2023.
Por su parte, la prolongación del contrato de gestión del centro de atención a mayores dependientes de Usera, en Madrid capital, tendrá una vigencia de seis meses, hasta el próximo 15 de octubre, y un presupuesto de 1.748.472 euros para asegurar el funcionamiento de las 300 plazas que ofrece entre residencia (160), centro de día (40) y pisos tutelados (100).
Las residencias de mayores ofrecen alojamiento y atención a mayores dependientes que precisan asistencia continuada en la realización de las actividades de la vida diaria, mientras que los centros de día son recursos especializados de carácter socio-rehabilitador y estancia diurna para mayores con autonomía reducida.
Ambos recursos atienden a mayores dependientes de más de 60 años, edad que se reduce a 55 años en caso de que estén afectados por la enfermedad de Alzheimer. En cuanto a los pisos tutelados, sus usuarios son personas mayores de 65 años que carezcan de alojamiento estable o estén en situación de riesgo por vivir solos.
