El Pleno del Ayuntamiento de Leganés ha aprobado este jueves –con los votos a favor de PSOE y Más Madrid-Leganemos en el Gobierno, y de Ciudadanos– una modificación presupuestaria de 25 millones de euros que permitirá emprender obras de mejora en once polígonos empresariales y en zonas comerciales de la ciudad con el plan ‘Impulsa’ y el abono de facturas atrasadas, algunas de 2016.
La modificación ha prosperado merced a los tres votos de Ciudadanos, cuyo portavoz, Enrique Morago, ha condicionado su apoyo a que el Gobierno local estudie destinar un montante importante a los servicios sociales para combatir la pandemia.
La concejala de Hacienda, Elena Ayllón, ha garantizado que, con el montante “importante” que queda del remanente positivo de Tesorería de 2020, se presentará “en breve” otra modificación presupuestaria “para ayudas y subvenciones para el área social”.
Precisamente, el resto de la oposición ha cuestionado que la modificación presupuestaria se desentendiera de aportaciones a los servicios sociales en plena crisis económica y social de la pandemia del coronavirus.
ASFALTO Y “ALQUITRÁN”
Según el portavoz de Unión por Leganés (ULEG), Carlos Delgado, un montante de 19 millones se destinará al “alquitrán”, a trabajos de asfaltado. “¿Eso es ayudar al vecino? Es una modificación claramente muy previa a la situación del Covid”, ha remarcado. Sin dudar de la necesidad de estas mejoras, tanto ULEG, como Vox, PP y Unidas Podemos han coincidido en que la prioridad ahora es la necesidad de las familias.
“Hasta la derecha les afea que no inviertan en gasto social”, ha reprochado el edil de UP Óscar García al Ejecutivo local.
Para el portavoz de Más Madrid-Leganemos, Fran Muñoz, el proyecto va más allá, ya que supone inyectar dinero en la mejora de zonas para incentivar la economía y el empleo, para que “las familias de Leganés puedan sostenerse”, según ha sostenido.
Mientras, el concejal del PP Javier Oporto ha destacado que la modificación presupuestaria contiene 2 millones para pagar facturas atrasadas -cantidad que ULEG ha cifrado en 5 millones-, lo que, a su juicio, “demuestra una pésima gestión”.
COMISIÓN DE ‘BOMBEROS’
Por otro lado, el Pleno ha aprobado el cierre de la comisión de investigación aprobada en septiembre para investigar las responsabilidades políticas del actual concejal de Seguridad, Óscar Oliveira, ante un ofrecimiento de gratificaciones en 2017 a los bomberos si apoyaban el trasvase del parque a la Comunidad de Madrid.
La presidenta de la comisión, la socialista Laura Oliva, ha propuesto el cierre tras conocerse el auto de archivo del juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 4 de Leganés ante una denuncia de los bomberos.
Los Grupos de la oposición han alertado de que la comisión ha echado el cierre “en falso” sin “celebrar una sola sesión”, “sin papeles”, sin acceso a expedientes judiciales y sin ninguna comparecencia.
