La Audiencia Provincial de Madrid rechazó el pasado mes de octubre la denuncia presentada por Vox por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil al no apreciar delito de prevaricación en la actuación de la directora general del Instituto Armado, María Gámez, ni del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.
Los magistrados explicaron que este tipo de conflictos se deben resolver en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. El cese del coronel está en la actualidad, precisamente, pendiente de la resolución que dicte la Audiencia Nacional tras el recurso de apelación presentado recientemente por el Ministerio del Interior ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este otro órgano judicial.
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha planteado a través de la Abogacía del Estado su desacuerdo con el fallo que declaró ilegales a finales de marzo el cese de Pérez de los Cobos, al entender que no hubo “desviación de poder” y que la ley le ampara cuando se destituye por pérdida de confianza a un mando que ocupa un cargo por libre designación.
Esta pérdida de confianza se justificó en que Pérez de los Cobos “cambió unilateralmente su comportamiento por algún motivo”, dejando de reportar a la cadena de mando sobre cuestiones relativas a la investigación judicial sobre la manifestación del 8-M, lo que sí había hecho hasta en cuatro ocasiones antes a pesar de que ya existía la orden de reserva por parte de la juez.
El cese provocó una fuerte polémica por las versiones ofrecidas por el Ministerio del Interior tras un cese de un mando de la Guardia Civil como Pérez de los Cobos, muy cuestionado por partidos independentistas por su papel durante el referéndum del 1-O. La destitución se produjo cuando una unidad de la Comandancia de Madrid investigaba la autorización de la Delegación del Gobierno para que se celebrara la manifestación feminista del 8-M en Madrid, coincidiendo con el inicio de la pandemia de Covid-19.
En el auto de la Audiencia Provincial del 15 de octubre, los magistrados avalaron el cese de Pérez de los Cobos al sostener que “carecía de fundamento abrir una investigación penal”. “Y menos todavía practicar diligencias de investigación de carácter especulativo con el fin de comprobar la eventual existencia de otros delitos”, apuntaban.
La Fiscalía respaldó que no se abriera causa penal contra el departamento ministerial, una idea que los magistrados comparten porque la posible ilegalidad de un acto administrativo, incluso de carácter grave o que conlleve su nulidad, no significa que exista un delito de prevaricación.
“No es suficiente la mera ilegalidad o contradicción con el Derecho, cuyo control corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo”, señalaban los magistrados de la Audiencia Provincial sobre la posibilidad de imputar un delito a los responsables del Ministerio del Interior, tal y como solicitaba Vox.
El Ministerio del Interior ha recibido críticas desde partidos de la oposición por sus diferentes versiones sobre el cese de Pérez de los Cobos, unas críticas que se incrementaron tras anular el juzgado de lo contencioso-administrativo número 8 el cese del coronel.
