La Comunidad de Madrid ha coincidido con el Gobierno central en abogar por la presencialidad en el próximo curso escolar 2021-2022, aunque le ha pedido que aclare si el documento que ha hecho llegar a las comunidades autónomas para el próximo año contiene “recomendaciones u obligaciones” porque en la redacción del documento “no queda claro.
Así, el Gobierno regional coincide en el criterio que aboga por la presencialidad absoluta en todos los niveles, excepto en casos excepcionales derivados por la situación sanitaria, según han informado fuentes de la Consejería de Educación. De hecho, han afirmado que la Comunidad de Madrid ha sido “precursora y siempre ha apoyado una mayor educación presencial, por los beneficios que conlleva para los alumnos.
Sin embargo, han cuestionado que el Ministerio de Universidades está hablando de presencialidad al 100%, mientras que el Ministerio de Educación y FP plantea semipresencialidad en situaciones complejas de la pandemia. “Hubiera sido deseable que ambos ministerios hubieran coordinado el mensaje”, han subrayado.
Asimismo, han aludido a que en el documento remitido a las comunidades se proponen medidas “de calado” que conllevan un coste económico sin que en el mismo haya “una sola línea que aborde el aspecto de su financiación”.
“Tampoco es comprensible que en el documento, a la hora de tratar la conveniencia de la reducción de los grupos estables de convivencia, se mezclen criterios sanitarios con otros como “la equidad o el bienestar emocional”, han añadido.
Estas mismas fuentes han señalado que desde la Comunidad de Madrid quieren conocer la opinión de las autoridades sanitarias autonómicas acerca del documento, pues “han demostrado una gran fiabilidad en la lucha contra la pandemia”.
A ello añaden que la práctica totalidad de los documentos a los que hace referencia este borrador son del año 2020 por lo que consideran “conveniente” su revisión para actualizarlo a estudios más recientes.
Por último, se han referido también a la distancia interpersonal que alude el documento, algo que sostiene que “carece de apoyo en evidencias científicas”, al abogar por la distancia de 1,2 metros y a 25 alumnos como máximo en el caso de Educación Primaria.
Critican que el borrador recoge ratios máximas a pesar del mantenimiento de la distancia interpersonal que se indica, por lo que “no se entiende esa limitación de ratio máxima a 25 cuando en determinados espacios podría mantenerse una distancia incluso superior a 1,5 con treinta alumnos”.
