El consejero de Justicia, Interior y Víctimas en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha asegurado este martes que la última sentencia del Tribunal Supremo sobre las restricciones en Canarias avala las restricciones antiCovid que ha puesto en marcha en los últimos meses el Gobierno regional madrileño.
“El Supremo ha dicho que basta una ley ordinaria para limitar de forma puntual y con poca incidencia un derecho fundamental y recomienda una ley especial de pandemia, una llamada nueva al Gobierno para que se desperece y haga una ley. El Supremo avala las restricciones que hemos hecho en la Comunidad, que fueron criticadas en su momento por autoridades del Gobierno”, ha dicho.
A juicio de López, con el fallo del Supremo se pueden limitar derechos “pero no de forma discriminada, como nos impuso el Gobierno en Madrid con el estado de alarma limitando el movimiento de toda la región.
“Esto nos da la razón a quien hemos defendido limitaciones concretas, quirúrgicas, donde esté presente el virus con mayor incidencia, pero no permisos generales indiscriminados que el Gobierno y algunas comunidades han estado haciendo en esta pandemia”, ha indicado.
Preguntado por los periodistas sobre la reapertura de discotecas que pide el sector, el titular regional de Justicia ha respondido que la Comunidad tomará esa decisión “cuando la situación epidemiológica lo permita”.
“La vuelta a la normalidad se irá haciendo poco a poco y en función de la situación epidemiológica. En esos momento estamos en una incidencia a la baja, y cuando la situación lo permita la intención como ha sido siempre de la Comunidad es volver a la normalidad en todas las actividades”, ha apuntado.
Cuestionado también por la llegada a Madrid de menores no acompañados que llegaron a Ceuta en tromba la semana pasada, López ha señalado que están tratando ese asunto hoy en la comisión sectorial del Ministerio con las consejerías de Políticas Sociales.
“Estamos ante un problema de control de fronteras, competencia exclusiva del Estado. La legislación internacional nos obliga a la tutela de estos menores en España pero esa legislación también obliga a que los gobiernos de España y Marruecos trabajen cuanto antes en el objetivo prioritario del reagrupamiento familiar”, ha finalizado.
