A las faldas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y al lado del recién estrenado hospital Enfermera Isabel Zendal yace desde hace 13 años un singular edificio en forma de donut que pretendía agrupar todas las instalaciones de la justicia madrileña. Sin embargo, más de una década después de este proyecto todo ha quedado el papel mojado provocando un agujero en las arcas madrileñas de 100 millones de euros.
El Campus de la Justicia de Madrid es un proyecto que aún se encuentra en tramitación a pesar de que nació a principios de 2008 con el Gobierno de Esperanza Aguirre. La Comunidad de Madrid buscó a los mejores arquitectos del mundo para erigir este espacio de 260.000 metros cuadrados que aún no ha visto la luz y que no ha sido utilizado para los fines que se proyectaron en un primer momento.
Este proyecto fallido acabó en manos de la Justicia
Este proyecto fallido acabó en manos de la Justicia. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, abrió un procedimiento contra el que fuera consejero de justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, y otros cinco altos cargos del equipo de Esperanza Aguirre e Ignacio González, por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude a la Administración Pública. Las autoridades madrileñas tuvieron una serie de litigios con las empresas que debían ejecutar el proyecto provocando que el mismo fuera enterrado definitivamente en noviembre de 2017 originando pérdidas millonarias.
LA COMUNIDAD HA PEDIDO FONDOS EUROPEOS PARA RESUCITAR EL PROYECTO
Sin embargo, el nuevo Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso está dispuesto a pasar página y rescatar este proyecto. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, se ha comprometido este lunes a impulsar durante la legislatura vigente la nueva Ciudad de la Justicia de Valdebebas y ha situado a la defensa de las víctimas en el centro de su gestión.
Para tal cometido, el Gobierno autonómico ha pedido fondos europeos para sufragar el proyecto. Bajo el título de “Reactivamos Madrid”, el Ejecutivo regional ha solicitado 22.000 millones de euros de fondos europeos para financiar 200 proyectos y 28 reformas entre las que se encuentra esta resucitación de la ciudad de la Justicia de Valdebebas.
Según los planes de Ayuso, 442 millones de euros irán destinados a este espacio en que se intenta reunir en una única sede los 28 edificios en los que en la actualidad se imparte justicia en la Comunidad y que corresponden al área judicial de la capital. Así, la Comunidad de Madrid impulsará la construcción de la Nueva Ciudad de la Justicia del partido judicial de Madrid, un proyecto de legislatura cuya licitación de la concesión administrativa se llevará a cabo en el último trimestre de 2022 coincidiendo con los últimos meses de legislatura.
EN BUSCA DE LA MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA
Además de este centralización que llevará su tiempo, la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el Plan 21×21 que pretende modernizar las 21 sedes judiciales que hay en toda la región. El objetivo de este proyecto es adaptar los Juzgados al siglo XXI. Cabe destacar que las instalaciones madrileñas se encontraban obsoletas y su restructuración era algo más que necesaria.
Para lograr dicho objetivo, Enrique López, Consejero de Justicia, se ha comprometido a reformar, inaugurar o licitar todas las obras incluidas en el Plan 21×21 de modernización de sedes judiciales, un proyecto que, con un presupuesto de 100 millones de euros en cuatro años, ha permitido inaugurar el pasado junio la nueva sede judicial de San Lorenzo de El Escorial o Arganda del Rey, entre otras actuaciones.
La modernización de sedes corre paralela a la humanización de la Justicia madrileña. Los edificios judiciales trataran de garantizar la atención y cuidado de las víctimas del delito. Para ello, además de dotar a todos los partidos judiciales con juzgados de Violencia sobre la mujer, se seguirán implantando oficinas de asistencia a los afectados en todos los partidos judiciales así como Cámaras Gessel, una garantía de protección para menores y colectivos vulnerables.
