La Alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha tildado la anulación de la Plusvalía de “un mazazo para todos los ayuntamientos”, al tiempo que ha pedido al Gobierno central la articulación de un fondo de compensación para equilibrar de alguna manera los ingresos que se van a dejar de percibir.
Así se ha expresado tras conocerse la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar la nulidad de los artículos relativos al cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, popularmente conocido como Plusvalía, un tributo que recaudan los ayuntamientos.
“Todos sabemos que desde 2017 el Tribunal Constitucional venía avanzando esta situación. No echa abajo el impuesto sino la fórmula del cálculo. Los consistorios no tenemos capacidad de modificación alguna de ninguno de los dos”, ha aclarado la regidora, que ha querido significar que “este es el segundo tributo más importante” que perciben los ayuntamientos, después del IBI.
Alcorcón en el último año registró “13 millones de euros presupuestados” en base a este impuesto. “De la nueva regulación que se haga van a depender los presupuestos de miles de ayuntamientos de este país, incluido el de Alcorcón“, ha destacado.
FONDO DE COMPENSACIÓN
De Andrés cree que es necesario que se encuentre la manera de sustituir lo perdido. “La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con la que estoy totalmente de acuerdo, plantea que se genere un fondo de compensación por parte del Estado para poder equilibrar esos presupuestos”, ha expuesto.
La primera edil ha añadido que es necesario que se garantice la autonomía y capacidad financiera de los ayuntamientos, algo que se complica si les “quitan el segundo impuesto más importante“.
Natalia de Andrés ha avanzado que “en el día de hoy se ha firmado un decreto en el que se insta al personal municipal a que no se tramiten liquidaciones de este impuesto. “Creemos que no debemos seguir aumentando la pelota“.
También ha reprochado al PP que ellos no lo hiciesen cuando salió la sentencia en 2017, momento en el que gobernaban en la localidad. “Desgraciadamente lo que hicieron fue hacer caso omiso y seguir cobrando este impuesto, además de seguir exigiendo esa autoliquidación”, se ha lamentado.
La regidora ha detallado que desde que llegaron a la Alcaldía en 2019 su Ejecutivo empezó a tramitar la devolución de los intereses de los cobros indebidos en su momento a todo aquel vecino que lo ha reclama, sumando ya más de 250 expedientes.
