El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado, en su reunión celebrada este miércoles, el proyecto de la Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región, conocida como Ley Ómnibus.
Se trata de una reforma legal que actúa sobre 50 textos normativos, entre ellos 31 leyes, tres decretos legislativos, seis nuevas regulaciones de rango legal y dos decretos. En este cómputo se incluye la derogación total o parcial que el proyecto realiza sobre cuatro leyes y otros cuatro decretos.
El texto se remite ahora a la Asamblea de Madrid para que inicie la tramitación parlamentaria y culmine con su entrada en vigor, según ha informado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio.
El consejero madrileño ha indicado que se han recibido 600 alegaciones a la misma en el período de consulta pública y ha asegurado que se han atendido “bastantes”. Además, ha hecho hincapié que se continuarán aportando modificaciones en el período de enmiendas en la Cámara regional.
La decisión de Ejecutivo regional de validar la Ley Ómnibus llega después del dictamen favorable de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y de un periodo de audiencia e información pública. Durante este proceso se recibieron unas 600 alegaciones que han permitido mejorar el texto elaborado por la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, a través de la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y la Simplificación Normativa.
Con esta norma, el Ejecutivo madrileño calcula un ahorro anual de un millón de euros para los contribuyentes por la reducción de los trámites y cargas administrativas, además de mejorar la eficiencia del servicio que se presta en beneficio de los ciudadanos y las empresas.
Los objetivos de las reformas de la Ley Ómnibus son “impulsar la actividad económica en la región, adaptar el cuerpo normativo actual a las nuevas realidades sociales y económicas, eliminar cargas innecesarias y modernizar la organización administrativa”. Para su tramitación, se ha optado por la vía de urgencia para “dar una respuesta inmediata a las necesidades de la sociedad y de la economía madrileña.
GESTIÓN CENTRALIZADA EN SANIDAD
Por parte de la Consejería de Sanidad, el proyecto de Ley contempla la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, adscrita al SERMAS. Su finalidad es la contratación de suministros, bienes y servicios que sean declarados de gestión centralizada en este campo. También se prevé que se pueda eximir del requisito de nacionalidad a ciudadanos extracomunitarios en categorías estatutarias, cuya titulación para el acceso sea una especialidad médica deficitaria.
De esta forma, en aras de proteger el interés general, se cubrirían necesidades asistenciales y el déficit de profesionales en Atención Hospitalaria, Atención Primaria y Summa 112, en aquellas categorías en las que se requiera la titulación de licenciado o grado en medicina y título de una de las especialidades en Ciencias de la Salud.
En materia gestionada por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, la Ley Ómnibus permitirá con su entrada en vigor “mejorar la empleabilidad de las personas vulnerables y se agilizará la gestión de la Renta Mínima de Inserción (RMI)”.
REFORMA DE LEY DEL JUEGO
En el ámbito de las competencias de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, se recoge la reforma de la Ley del Juego, que refleja, entre otras medidas, una modificación del régimen de publicidad, promoción y patrocinio con el fin de regularlo de manera ordenada. También se revisa el sancionador, se establecen políticas de juego responsable y se contemplan acciones preventivas, de sensibilización, intervención y control.
En relación con la prevención, extinción de incendios y salvamentos, se revisan las condiciones de la carrera profesional del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, para garantizar la óptima cobertura de los servicios que prestan, han explicado desde el Gobierno regional. Asimismo, con el objetivo de “aumentar su eficacia y calidad”, se dota al Cuerpo de Agentes Forestales de un grupo técnico y de mando.
En cuanto al contenido de la Ley, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, esta incluye una modificación de la Ley 9/2001 del Suelo, “para que sea más liberalizadora y permita reactivar la economía regional y favorecer las iniciativas emprendedoras y la inversión.
REVISIÓN DE POLÍTICA DE SUBVENCIONES
A través de la Ley Ómnibus, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo introduce cambios en la Ley regional de Tasas y Precios Públicos con el fin de incorporar nuevas exenciones y reducciones en el ámbito educativo, del medio ambiente, la formación y el empleo.
Además, “y para una mayor eficacia y eficiencia en el gasto público, se establece un mandato al Consejo de Gobierno para que revise la política de subvenciones y ayudas, de manera que éstas últimas se otorguen valorándose el cumplimiento de los objetivos perseguidos y los resultados obtenidos”.
Desde la Consejería de Administración Local y Digitalización se propone la modificación de la Ley 2/2003 de Administración Local, con el objetivo de “crear mancomunidades de interés general y simplificando el procedimiento para el cambio de sus estatutos”.
INFRAESTRUCTURAS, CULTURA TURISMO Y DEPORTE
La Consejería de Transportes e Infraestructuras adapta la normativa autonómica de carreteras a las nuevas vías de comunicación (carreteras multicarril o doble calzada y las vías ciclistas) y, además, se contempla la elaboración y aprobación de una Estrategia de Seguridad Viaria de carácter multidisciplinar.
Inicialmente este texto normativo iba a incorporar también la modificación de la Ley de Transportes regional incluyendo, entre otras, medidas que afectaban a los taxistas y a los vehículos de transporte con conductor (VTC).
Esta inclusión generó el rechazo del sector del taxi y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, acordó en una reunión con las entidades del sector extraerla y que tenga su tramitación al margen.
En materia de Deporte se dota de mayor seguridad jurídica a su profesionales para que puedan mantener su actividad hasta la entrada en vigor del reglamento que las desarrolle, sin menoscabar el objetivo final de mejorar la formación que deben tener los trabajadores del sector, cuya finalidad es proteger la salud de los ciudadanos.
Por su parte, “se refuerza la protección a los menores y adolescentes con medidas como la exigencia del certificado negativo en el registro de delincuentes sexuales y trata de seres humanos a aquellos profesionales o voluntarios que trabajen con menores en el ámbito deportivo”.
Por último, se destaca que el proyecto de Ley aprobado atribuye a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior la coordinación y la calidad de la actividad normativa del Gobierno y da carácter permanente a la Comisión Interdepartamental de Simplificación Normativa y Reducción de Cargas Administrativas.
Medio centenar de colectivos y asociaciones de diferentes sectores de la sociedad civil han convocado una manifestación unitaria para el próximo día 26 contra el anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración regional, conocida como ‘Ley Ómnibus’, al considerar que atenta contra la democracia en la región y favorece la privatización de servicios públicos.
En concreto, tendrá lugar el día 26 a partir de las 12 horas entre Atocha y Sol y está impulsada por colectivos sociales como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción de Madrid, los sindicatos CCOO de Madrid y UGT Madrid, organizaciones que ya impulsaron una recogida de firmas dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para reclamar la retirada del proyecto.
Previamente, este domingo, día 20, tendrá lugar el primer acto de protesta contra esta normativa con un una protesta convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP)-Marea Blanca a las 12 horas desde el Ministerio de Sanidad hasta la Puerta del Sol.
Así lo han puesto de manifiesto diferentes portavoces de estos colectivos durante una rueda de prensa en la librería ‘Traficantes de Sueños’ en la que han advertido en que esta norma compromete el presente y el futuro de la Comunidad con un ánimo privatizador y atentando contra los beneficios de los ciudadanos y el medio ambiente.
Durante la rueda de prensa, Quique Villalobos, presidente de la FRAVM, ha pueto de manifiesto que la falta de transparencia y participación en unas reformas “de calado” que afectan al funcionamiento de nuestra democracia en la Comunidad.
De este modo, han trasladado su oposición a esta ley que supone la modificación de 33 leyes y 5 decretos vigentes en la Comunidad de Madrid sobre materias como urbanismo, medio ambiente, carreteras, sanidad o transportes e incluye además 15 nuevas disposiciones que afectan a ámbitos como Hacienda pública, ordenación del juego, entidades locales, servicios sociales o la Administración digital, entre otros.
Según han defendido, con esta ‘Ley Ómnibus’ se introduce un conjunto de medidas que en realidad suponen otra vuelta de tuerca en la privatización y la liberalización de la gestión de múltiples servicios públicos y áreas de gobierno en la región afectando negativamente a los derechos colectivos y bienes comunes.
PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD
Uno de los aspectos más polémicos es la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, centrada en la contratación de suministros, bienes y servicios que sean declarados de gestión centralizada en este campo. Sobre este punto, consideran una pretensión clara de impedir el control parlamentario y vulnerar el derecho de ejercicio democrático de la ciudadanía a través de la privatización.
“Es una licencia para matar de los voceros de la libertad y que va a condicionar y a peor la salud de los madrileños”, han explicado desde la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP)-Marea Blanca, en línea con el modelo de Estados Unidos, con 45 millones de personas sin asistencia sanitaria.
Según ha señalado, se aparta de las garantías que ofrece el procedimiento administrativo al que se somete cualquier ente público y supone un deterioro de la calidad del servicio público, que consideran que debe estar gestionado de forma totalmente directa y no bajo el método de “empresa camuflada”.
ATAQUE AL MEDIO AMBIENTE
En materia de Medio Ambiente, contempla una modificación del Ley del Suelo y adecuar la regulación a la legislación estatal básica a la norma estatal en lo referente a las actuaciones de transformación urbanística con medidas que, según advierten, causará “irreparables daños” medioambientales al facilitar la caza en zonas hasta ahora prohibidas y de máxima protección o permitir tratamientos silvícolas, aprovechamientos forestales, obras y actuaciones en las zonas de mayor protección sin mayor control administrativo.
Además, han indicado que se posibilita autorizar negocios y actividades hasta ahora no permitidas por su alto impacto, como los negocios hosteleros, hoteleros y de turismo rural, así como el uso residencial en zonas no urbanizables de protección y anula la participación pública en la tramitación de los planes de gestión.
Durante la rueda de prensa, las portavoces María Ángel Nieto y Aurora Justa han puesto el acento en que se trata de cuestiones que favorecen a los propietarios del suelo, frente al beneficio que debería primar para la ciudadanía y el medio ambiente. “Supone un caso claro y evidente de regresión ambiental, al retroceder en el nivel de conservación y de protección”, han señalado.
Especial atención en esta materia han puesto a las modificaciones que afectan a la Ley del Suelo, al permitir una forma de planificación que prima más “el beneficio económico” a costa de menos cesiones de suelo, dotaciones y equipamiento. Impera la actividad económica sacar rendimiento de todo el suelo posible sin tener en cuenta la calidad de vida de los ciudadanos. Contravienen beneficio social y calidad de vida de la ciudadanía, que queda absolutamente apartados”, han explicado.
“Permite grandes actuaciones por el simple interés económico; no por el alcance regional”, ha indicado Justa, quien además ha resaltado que se posibilita todo ello sin el requisito de “fundamentación y plan de viabilidad”.
“Si un proyecto es fallido en vez de obligar al titular de la operación a restaurar el territorio se permite que diferentes sociedades se subroguen en esta actividad. Un macroproyecto nunca se va a parar, sino que se seguirá subrogando y revendiendo”, ha indicado.
Entre otras cuestiones, han puesto el acento en las modificaciones sobre la Ley de Montes sobre las ocupaciones en caso de lugares de interés general, poniendo como ejemplo casos como la explotación de la estación de esquí de Navacerrada, o las relativas a la declaración de los parques regionales como el del Manzanares o del Parque Regional del Suroeste. También han remarcado la falta de requisito de evaluación ambiental, ejemplificando como “caso llamativo” el de las plantas embotelladoras, o la modificación de la clasificación ambiental de los vehículos para extender su circulación hasta 2027.
Igualmente, han remarcado que irá contra los Ayuntamientos, para los que supone una “muy importante” fuente de ingresos para sus arcas las tasas de las licencias y edificación”, pero que a partir de ahora irán a empresas privadas.
SECTOR DEL TAXI
Desde el sector del taxi consideran nociva para su actividad esta Ley Ómnibus, que establece que la competencia para la regulación y gestión de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) corresponde a la Comunidad de Madrid. Así, apuntan que podría estar vulnerando el derecho al trabajo recogido en la Constitución Española y a una remuneración justa porque se “salta de manera flagrante” el conocido como Decreto Ábalos, que recoge la necesidad de mantener la proporción 1:30 entre VTC y taxi.
Desde Élite Taxi, Cecilio González, ha advertido que busca “uberizar el transporte público, empezando por el eslabón más debil que es el taxi”, con la finalidad de lograr un “capitalismo salvaje” como motor para todo el transporte público. “Se quiere salvar 8.000 VTC a costa de cargarse 25.000 familias que viven del taxi”, ha lamentado Javier Fernández, presidente de la asociación.
Igualmente, se ha denunciado que la norma fue presentada en plenas fiestas navideñas y sin tiempo para presentar alegaciones. El Gobierno regional la publicó el 23 de diciembre en el portal de transparencia el anuncio de trámite de audiencia e información públicas, estableciendo el reducido plazo de 7 días hábiles, entre Nochebuena y Nochevieja, para la presentación de alegaciones.
