La polémica se cernía, hace unos días, sobre el alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, debido a un polémico contrato del municipio. Una licitación, de más de 100 millones de euros, que el popular planteaba aprobar de forma unilateral a través de la Junta de Gobierno, sin dar a conocer el contenido del pliego de la licitación. Una falta de transparencia que provocaba el enfado de los partidos de la oposición… pero no del partido de la coalición del Gobierno, que mantiene el “silencio” ante la polémica.
Hace unos días, el diario Moncloa.com sacaba a la luz un polémico contrato de la administración pública de Majadahonda. Un contrato, de 123 millones de euros, que el alcalde de la localidad, José Luis Álvarez Ustarroz, buscaba a probar en Junta de Gobierno a favor de una empresa de lo más peculiar. Así pues, la “beneficiada” habría sido una pequeña empresa murciana, prácticamente desconocida en el sector y sin sede en Madrid. Una decisión rodeada de polémica, debido al secretismo alrededor del pliego de licitación y, sobre todo, debido al posible vínculo de esta decisión del Ayuntamiento con el ex secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. El mismo que “colocó” a parte de los integrantes del actual PP de Majadahonda en sus cargos, antes de ser defenestrado junto a Pablo Casado en la guerra interna del partido.
LOS PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN EXIGEN TRANSPARENCIA
Así pues, tal y como podía saber este diario, estos más de 100 millones estarían destinados a un contrato de recogida, transporte y gestión de residuos del municipio. Una cifra que convierte a esta licitación en la más importante de Majadahonda, debido también a la duración del contrato, de diez años.
Unilateralidad en la licitación del contrato más grande del municipio que ha hecho “saltar” también a los partidos de la oposición, que exigen más “transparencia” al Ejecutivo municipal.
“Este contrato, como otros contratos grandes de Majadahonda, en la legislatura pasada, iban a Pleno” ha asegurado Ana Elliott, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos. “Pero este gobierno del PP con Vox decidió que los contratos no pasasen por el Pleno. Fue decisión de ellos que se aprobara por Junta de Gobierno. Es algo que dijimos desde el primer momento que nos parecía mal”.
Una decisión que, sin embargo, cambiaba después de que este asunto llegara al foco mediático, lo que forzaba al alcalde a llevar la licitación al Pleno. Algo que, sin embargo, no cambiará la situación, tal y como asegura la portavoz. “Que la adjudicación ahora vaya al Pleno, da igual. Lo que importa son los pliegos. Lo que hemos denunciado públicamente, es que el problema de esta adjudicación, y otras, es el método que utilizan para valorar las propuestas. Es un método que es legal, pero que no nos gusta. Porque hace que las diferencias entre las empresas vengan por la parte subjetiva” lamenta Elliott.
Unas críticas a las que se une el PSOE, que recuerda que ellos ya denunciaron esta situación en 2020. “El grupo municipal socialista presentó un recurso ante el tribunal de Contratación de la Comunidad de Madrid” ha destacado el portavoz socialista de Majadahonda, Manuel Fort. “Hablábamos de una injustificada reducción del peso de la fuerza económica, que aumentaba el peso de los juicios de valor” ha destacado. Algo que, según ha asegurado Fort, se ha ejemplificado en este contrato de Majadahonda. Y es que “el valor de los criterios subjetivos es muy superior a la de los económicos”.
Eso sí, desde la formación naranja se han desvinculado de cualquier sospecha de que este contrato busque “favorecer” a Teodoro García Egea. “Nosotros no vamos a entrar en eso” ha destacado. “No vamos a cuestionar la adjudicación, porque entendemos que era la correcta” asegura la portavoz de la formación naranja.
VOX MANTIENE EL “SILENCIO” ANTE EL POLÉMICO CONTRATO
“Están intentando salir del paso, con un alarde de transparencia a última hora” ha destacado la portavoz de Ciudadanos. Y es que una de las principales críticas que se han realizado, también desde los pasillos popular, tal y como ha podido saber este diario, es que “este contrato se ha llevado a cabo de una forma muy poco transparente”.
Un “secretismo” en el que el alcalde de Majadahonda cuenta con el “apoyo” de Vox, partido de la coalición del Gobierno municipal. “Vox se encuentra muy cómodo con estas irregularidades” lamentan desde Ciudadanos. Algo que, reconocen, lo es la primera vez que sucede.
“Cuando encontramos irregularidades en los contratos de Filomena, en Majadahonda pedimos una comisión de investigación, y aquí Vox se negó a investigarlo. Pero en Las Rozas, los compañeros presentaron una moción para esclarecer todo esto, votando Vox a favor”. Una “doble vara de medir” que no ha pasado desapercibida en el municipio de Álvarez Ustarroz.
“Vox lo que está haciendo es tapar todo lo que está pasando. Vox no tenía por qué aprobar este contrato, porque no es una concejalía que vaya con ellos. Pero están en Gobierno, y han decidido tragar” lamentan desde el municipio.
Una actitud que podría ser determinante, no sólo para este contrato, que vinculará a Majadahonda durante 10 años con esta empresa murciana. Sino también de cara a las elecciones municipales de 2023. Unos comicios en los que este contrato podría “salir caro” al actual Ejecutivo municipal.
