El Gobierno de España diseñaba y hacía público, a través del Boletín Oficial del Estad (BOE) su nuevo decreto ley sobre el “ahorro energético”. Una medida “genérica” que pronto provocaba la polémica, no sólo en los sectores económicos afectados, sino también dentro de la política. Y, especialmente, en la Comunidad de Madrid, donde no han faltado las explicaciones de este rechazo frontal a la nueva medida del Gobierno de Pedro Sánchez.
Que la energía, en todas sus formas, se ha convertido en un bien cada vez más inalcanzable económicamente, es algo que pocos se atreverían a rebatir. Y es que tanto el precio de los combustibles, como de la electricidad, o el gas, han aumentado sus precios a máximos históricos. Algo que parece haberse agravado aún más tras el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania.
Una situación ante la que el Gobierno de España ha decidido lanzar un nuevo decreto ley, publicado hace apenas unos días, centrado en el ahorro energético, tanto de particulares como de las administraciones públicas. Un plan que se ha encontrado con el rechazo absoluto y directo de la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso.
ESTE ES EL “NO” DE MADRID AL AHORRO ENERGÉTICO DEL GOBIERNO
Así pues, tal y como ha hecho público el equipo de Gobierno regional de la popular en Madrid, la Comunidad de Madrid está dispuesta a llevar a los tribunales este plan de ahorro energético diseñado por el Gobierno nacional. Un plan que, según el Ejecutivo madrileño, “invade las competencias” autonómicas, y que además, supone un serio riesgo de inseguridad ciudadana y económica en la capital.
Mañana por la noche, los únicos escaparates de Europa que estarán apagados serán los de España. Y eso crea una sensación de inseguridad que es clave para el turismo” ha lamentado Isabel Díaz Ayuso en su cuenta de Twitter. Unas palabras que ya repetía hace días, y que también pronunciaban algunos de sus consejeros.
Y es que la falta de iluminación de los edificios y monumentos públicos, como es el caso de la Cibeles, preocupa dentro del Gobierno regional. No sólo por la falta de seguridad que da la noche sin iluminar, sino también para los comercios, que podrían sufrir una fuerte caída de venta y turismo debido a esta peculiar medida contemplada en el ahorro energético del plan nacional.
Consecuencias económicas que, según destacan consejeros de la Comunidad de Madrid en la reunión con las ministras, no se han tenido en cuenta. Al menos, en lo que se refiere a pactos entre las distintas administraciones. “El decreto se ha redactado sin contar con nadie; y sin evaluar el impacto económico” lamentan.
LOS SECTORES AFECTADOS, PREOCUPADOS CON LA NUEVA NORMATIVA
Decreto Ley que no sólo preocupa al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, sino también a los principales afectados por esta nueva normativa. Afectados, principalmente, dentro del sector del turismo y el ocio, que dudan de la “generalidad” de este nuevo escrito, ya que deja más dudas que incertidumbres.
Dudas que, además, hacen temer a muchos hosteleros y hoteleros, principales productores del turismo, de que se experimente en las próximas semanas una brutal caída del turismo o del consumo debido a estas imposiciones del ahorro energético del Gobierno nacional. Imposiciones que no están siendo entendidas, y que, de no llevarse a cabo, podrían conllevar multas de más de 60.000 euros, inasumibles para gran parte de este sector, aún débil tras la pandemia del coronavirus.
“Nadie nos ha llamado. Ni como asociación ni como confederación nacional, para poder introducir algún criterio práctico” lamenta, en conversaciones con este diario, José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid. “Una norma de este nivel, sin consenso previo con los sectores, genera dudas”.
Dudas que también se observan desde la Comunidad de Madrid, donde consejeros, e incluso la propia presidenta, exigen una conferencia de presidentes que permita abordar esta situación “con sensatez”. Y sobre todo, focalizando los problemas reales, entre los que la Comunidad de Isabel Díaz Ayuso localiza al “precio de la luz” como el factor clave, no del ahorro energético, sino de los problemas que han llevado al Gobierno nacional a lanzar, de forma unilateral, este inexplicable decreto ley, que no cuenta con el apoyo político, social ni económico esperados.
