Boadilla del Monte podría perder sus estancos si sale adelante la petición de la plataforma Nofumadores.
El aumento del número de estancos en España según esta plataforma, nuestro país sería incapaz de cumplir los objetivos de reducción del cáncer para 2030 acordados por la Unión Europea.
La asociación Nofumadores, impulsora de la Declaración de Endgame que implica la toma de medidas como la reducción de los puntos de venta, el aumento de más del 100% del precio actual del tabaco e impedir el acceso de los menores al cigarrillo y otros productos de nicotina choca frontalmente con las más de 200 nuevas licencias de estancos aprobadas por Hacienda.
La presidenta de Nofumadores, Raquel Fernández Megina, recriminó al Gobierno “la ausencia de compromiso para reducir el número de muertes de una pandemia evitable y producida por una industria, la tabaquera, cuyo producto estrella, el cigarrillo, causa 60.000 muertes todos los años que se reemplazan con adolescentes desprotegidos ante estos depredadores, cuyo único objetivo es el beneficio económico de una élite a través de la adicción”.
Nofumadores explica que toda la comunidad prevención del tabaquismo, que engloba a asociaciones sanitarias, de derechos civiles y de consumidores, se muestran indignadas ante la nueva convocatoria de subasta pública de expendedurías anunciada por el Ministerio de Hacienda que choca frontalmente con los compromisos que España adquirió con Europa que llaman a la reducción del cáncer.
El tabaco está aproximadamente detrás del 30% de todos los cánceres y el Gobierno, en vez de sacar del cajón el ambicioso Plan Integral del Tabaquismo, se pliega a las exigencias de un sector nefando, representante no solo del capitalismo más depredador, sino también causante del cambio climático y de la contaminación en mares, playas y ríos, según sostiene Raquel Fernández Megina, que además recuerda “el Gobierno en lugar de estar aumentando los puntos de venta debería estar ampliando los espacios sin humo, especialmente las terrazas, un terreno ganado durante la pandemia que se encuentra en retroceso por la voluntaria dejadez del Gobierno Central que debe liderar y dar ejemplo a las CCAA”.
Dumping de tabaco dentro de la UE
El incremento del número de expendedurías de tabaco cercanas a la frontera de Francia supone una ratio de 50 estancos cada 10.000 habitantes, cuando en el resto del país el porcentaje es de cuatro establecimientos por cada 10.000 habitantes.
Para esta plataforma, el principal propósito de esta medida no es la de abastecer a los habitantes locales de un producto que les quitará quince años de vida, sino el de boicotear los esfuerzos de control del tabaquismo de nuestro país vecino, Francia, que tomó la decisión acertada de subir el precio de la cajetilla por encima de los 10 euros para luchar contra esta pandemia creada industrialmente.
“España está haciendo una suerte de contrabando legal con el objetivo de surtir de tabaco barato a un país que se esfuerza en reducir su número de fumadores a través de una política recomendada por la OMS que funciona, el aumento de precio”, afirmó Fernández Megina quien concluyó que “lo que debería estar haciendo el Gobierno es armonizar el precio con Francia y evitar la economía sumergida de compra y venta de tabaco a través de estancos transfronterizos. Es una auténtica vergüenza, absolutamente hipócrita e inmoral y es una prueba más de que vivimos en una tabacocracia en la cual los intereses de corporaciones dañinas se imponen al conjunto de la población. Sentimos asco y desprecio por todos los actores implicados en perpetuar la pandemia del tabaquismo. Se trata de un delito contra la salud no solo consentido sino fomentado por el propio estado, con trazas de crimen contra la humanidad”.
Nofumadores exige a Pedro Sánchez y al Ministerio de Hacienda que anule la convocatoria de subasta pública de nuevas expendedurías de tabaco y que a su vez consensúe con el sector de prevención de tabaquismo una paulatina reducción de los puntos de venta de tabaco que podría comenzar con la no renovación de licencias de estancos, que expiran a los 25 años, especialmente de aquellos establecimientos cercanos a centros escolares y parques infantiles. Si lo que busca el Gobierno es aumentar los ingresos del Estado, el camino a seguir es subir el precio de la cajetilla y crear nuevos impuestos de esta sustancia cancerígena, que graven a las tabaqueras y sus desmesurados beneficios, concluye su comunicado.
