El edificio que se encuentra en la Calle Capitán Blanco Argibay 121 del barrio de Tetuán ha sido el protagonista. Al ser de titularidad municipal, el Ayuntamiento y la Policía Municipal lo han tomado como prioridad y lo han intervenido rápidamente. No sucede lo mismo con otros muchos pisos que están ‘okupados’, pero no son de todos los madrileños. Así, Begoña Villacís y su equipo ha presumido que no deben dar “un paso atrás frente a la okupación”, con una clara prioridad a los que son suyos, y no de cualquier otro madrileño en particular.
UN PROBLEMA CON SOLUCIONES, SIEMPRE QUE SEA DE TITULARIDAD MUNICIPAL
La ‘okupación’ de muchos de los pisos que hay alrededor de toda la Comunidad de Madrid se está convirtiendo cada vez más en un problema que debería ser atajado con una solución conjunta, eficaz y contundente. Pero claro, todo depende de la titularidad del mismo. Si es de un particular, la solución se llama de una manera, pero si pertenece a todos los madrileños, la situación se llama de otra forma. En el primer caso, ya hemos visto qué tiene que hacer y pagar la propia familia para poder desalojar a las personas que usurpan la casa, y no es otra que contratar a una empresa para que ‘desokupen’ su vivienda. Este dinero, sale directamente del bolsillo de la misma, en el caso afirmativo de que les alcance para realizar dicha transacción, pero si ese edificio posee una titularidad municipal, la historia cambia y mucho.
Este es el caso de una de los últimos episodios. Dicho edificio se encuentra en el barrio madrileño de Tetuán. En la Calle Capitán Blanco Argibay, 121, se produjo esta misma semana una ‘desokupación’ que no fue realizada por ninguna empresa relacionada con los míticos ‘desokupas’. De hecho, nadie tuvo que pagar nada, porque fue la propia Policía Municipal la que decidió entrar y ‘rescatar’ la propiedad. Según un tweet de Begoña Villacís, llevaba varios años siendo ‘okupada’ e “impidiendo que se desarrollaran zonas verdes y equipamientos para los vecinos”. Además, ha querido criticar el movimiento con mucha dureza rematando el tweet con un “hasta hoy”. Les ha entrado un poco de prisa, ya que ese edificio es de titularidad municipal e impide poder gestionarlo el propio Ayuntamiento. Situación que obviamente no hubiera pasado si fuera de cualquier particular, por mucho que fuera madrileño o segoviano.
LA REACCIÓN EN CADENA DEL PROPIO AYUNTAMIENTO PARA EVITAR MÁS CASOS PARECIDOS
No es la primera ve que nos topamos contra una situación como esta. Para bien o para mal, hay casos parecidos prácticamente a diario, pero no con esta peculiaridad. No suelen ser municipales las víctimas favoritas de los ‘okupas’, pero hay varios casos que el Ayuntamiento de Madrid ha tomado como prioridad suficiente para atajar el problema. De hecho, hoy mismo hemos sabido que se ha ampliado el contrato de seguridad para evitar que dichos inmuebles y solares municipales se puedan llegar a ‘okupar’ con tanta facilidad. La propia Junta de Gobierno ha aprobado un gasto plurianual de más de 62.000 euros que se van a repartir entre los años de 2022 y 2023. Cabe destacar también que ya se lanzó el primer contrato para gestionar estos tipos de servicios en el año 2020 con un importe de casi 1 millón y medio de euros.
El caso que hemos contado del barrio de Usera es muy prematuro pero han dicho tres los casos precisos que han llevado al Ayuntamiento a reforzar este método de protección a los suelos municipales. Estamos hablando de los edificios de Clesa, la Casa del Peón y el inmueble de la Calle Peironcely, 10. Todo esto ha sido explicado por Inmaculada Sanz, la portavoz del Gobierno, que ha dejado más que clara su posición. Mientras sean edificios públicos y de titularidad municipal, la Policía estará más que pendiente para entrar a desalojar la vivienda. Si no y pertenece a cualquier madrileño que cobre más o menos, deberá buscarse una empresa privada y ahorrar un dinero que no podrá usar para otra cosa.
