La reciente entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda, cuyo objetivo es garantizar el acceso a la vivienda en condiciones asequibles, ha generado cambios directos e indirectos en la Ley de Arrendamientos Urbanos. En este artĆculo, el bufete sevillano Peralta Rojas Abogados analizarĆ” los aspectos mĆ”s relevantes de estas modificaciones, destacando la creaciĆ³n de zonas tensionadas, la prohibiciĆ³n del pago de honorarios inmobiliarios por parte del inquilino, la limitaciĆ³n de la subida del precio del alquiler y la obligaciĆ³n de realizar el pago de la renta por medios telemĆ”ticos.
CreaciĆ³n de zonas tensionadas
Con la nueva Ley de Vivienda se introduce el concepto de zonas tensionadas, que son aquellos barrios o municipios en los que se requieren actuaciones pĆŗblicas debido a un riesgo especial de oferta insuficiente de vivienda para la poblaciĆ³n.
La declaraciĆ³n de una zona de mercado residencial tensionado corresponderĆ” a las comunidades autĆ³nomas y municipios, y su vigencia inicial serĆ” de tres aƱos, con posibilidad de prĆ³rroga anual.
Para que una zona pueda ser declarada tensionada, debe cumplir una de las siguientes condiciones: el coste medio del alquiler o de la hipoteca mĆ”s los gastos y suministros bĆ”sicos debe superar el 30 % de la renta media de los hogares; o el importe de los alquileres o de la compra de la vivienda ha aumentado al menos tres puntos porcentuales por encima del Ćndice de Precios al Consumo (IPC) en los cinco aƱos anteriores a la declaraciĆ³n de la zona tensionada.
El propietario asumirĆ” los honorarios de la Inmobiliaria
Uno de los cambios mĆ”s significativos es que el inquilino ya no deberĆ” pagar los honorarios de la inmobiliaria al momento de alquilar una vivienda. SegĆŗn la nueva normativa, serĆ”n los propietarios de las viviendas de alquiler los responsables de abonar los honorarios de las agencias inmobiliarias. Tanto las gestiones inmobiliarias como la formalizaciĆ³n del contrato estarĆ”n siempre a cargo del arrendador, ya sea persona fĆsica o jurĆdica.
LimitaciĆ³n de la subida del precio del alquiler y desvinculaciĆ³n del IPC
La nueva Ley establece lĆmites en el incremento del precio del alquiler. Durante el aƱo actual, se mantendrĆ” un tope del 2 % en la subida del alquiler, el cual se elevarĆ” al 3 % en el aƱo 2024. AdemĆ”s, se establecerĆ” un nuevo Ćndice de referencia aplicable en todo el paĆs antes del 31 de diciembre del prĆ³ximo aƱo, desvinculĆ”ndose asĆ la actualizaciĆ³n de la renta del IPC.
Cabe destacar que los inquilinos tienen derechos adicionales, como el hecho de que el propietario no podrĆ” exigir mĆ”s de dos meses de garantĆa adicional y el mĆ”ximo que se puede pagar por adelantado es una mensualidad, la cual suele abonarse en concepto de reserva del piso.
ProhibiciĆ³n de pago de la renta en efectivo
La nueva Ley de Vivienda establece que el pago de la renta por parte del inquilino deberĆ” realizarse exclusivamente a travĆ©s de medios electrĆ³nicos, como Bizum o transferencia bancaria, segĆŗn se indica en el artĆculo 10 de la Ley. Se busca fomentar la seguridad y la transparencia en las transacciones, asĆ como facilitar el seguimiento de los pagos.
No obstante, la norma contempla una excepciĆ³n a esta regla. En casos excepcionales, cuando alguna de las partes carezca de cuenta bancaria o acceso a medios electrĆ³nicos de pago y asĆ lo solicite, se podrĆ” efectuar el pago en metĆ”lico y dentro de la vivienda arrendada.
Sobre Peralta Rojas Abogados
Peralta Rojas Abogados es un despacho especializado en Derecho Inmobiliario, con una amplia experiencia en el Ć”mbito de los arrendamientos de vivienda. El equipo de profesionales estĆ” preparado para asesorar y representar a los clientes en estos asuntos, ofreciendo soluciones legales efectivas y adaptadas a las necesidades de cada caso. Entienden la importancia de mantenerse actualizados respecto a los cambios legislativos que afectan al sector inmobiliario y cĆ³mo estos pueden impactar en los derechos y obligaciones tanto de propietarios como de inquilinos. Su objetivo es brindar un servicio legal integral y de calidad, orientado a proteger los intereses de sus clientes y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.