El Tribunal de Cuentas de España ha emitido una medida cautelar que marca un hito en el llamado Caso ITV, que ha mantenido en vilo a la ciudad de Móstoles durante varios años.
En esta ocasión, se ha acordado el embargo de 667.132,02 euros a la exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, y a otros siete ediles de su anterior equipo de Gobierno por los perjuicios económicos causados al Ayuntamiento en relación con la concesionaria ITV Móstoles. Este caso, que ha generado controversia desde su inicio, parece haber llegado a una nueva etapa crucial en su desarrollo.
El Caso ITV ha sido uno de los asuntos legales más destacados en Móstoles en los últimos años. Este proceso legal se centra en los cánones impagos de la concesionaria ITV Móstoles durante los años 2015 y 2018. El interventor municipal denunció inicialmente la presunta falta de recaudación de estos cánones, lo que desencadenó una serie de investigaciones y procedimientos judiciales que involucraron a varios miembros del equipo de Gobierno municipal.
El Tribunal de Cuentas ha decidido tomar medidas en relación con este caso al acordar un embargo por valor de 667.132,02 euros. Esta medida se produce después de que la exalcaldesa Noelia Posse y otros ediles no cumplieran con el requerimiento de la jueza instructora del caso, que les solicitó que depositaran una fianza o un aval por el mismo importe del embargo hasta que se celebre el juicio contable del Caso ITV.
Es importante destacar que el exconcejal de Recursos Humanos y Participación Ciudadana, Aitor Perlines, no se encuentra incluido en esta medida cautelar, ya que ha realizado un ofrecimiento de bienes a efectos de garantizar el requerimiento, el cual será examinado por la Instrucción del Tribunal de Cuentas. De esta forma, Perlines podrá “librarse” de pagar junto a Posse y al resto de ediles.
¿QUÉ PASA CON NOELIA POSSE Y EL RESTO DE EMBARGADOS?
Además de la exregidora socialista, Noelia Posse, que sigue siendo portavoz del grupo municipal del PSOE, otros siete ediles se encuentran afectados por este embargo. Ellos son: David Muñoz, Rebeca Prieto, Alejandro Martín, María Luisa Ruiz, María Dolores Triviño, Beatriz Benavides, Natividad Gómez (ex concejala de Podemos) y el tesorero municipal Javier Torner.
El informe entregado por la jueza instructora del caso a los implicados en julio pasado concluyó que había un alcance patrimonial de 555.162 euros de principal, más 111.969 euros de intereses, imputables al impago de los cánones de la concesionaria ITV Móstoles en los años mencionados.
María Luisa Ruiz, una de las concejales afectadas por este embargo, ha expresado su desacuerdo con la medida cautelar. Tanto ella como los otros ediles embargados presentaron en su momento un recurso que fue admitido. Han solicitado nuevamente que se suspenda este embargo preventivo por dos motivos principales.
En primer lugar, argumentan que “la cuantía está mal calculada”, sugiriendo que el importe del embargo es inadecuado. En segundo lugar, alegan que “no existe ningún daño patrimonial para el Ayuntamiento”, ya que el acuerdo relacionado con la concesionaria ITV Móstoles se encuentra en proceso de reclamación.
MÁS MADRID SACA PECHO DEL EMBARGO A POSSE
María Luisa Ruiz ha afirmado que este procedimiento ha estado politizado desde su inicio, e incluso ha mencionado la presunta influencia de la exministra del Gobierno de Aznar, Margarita Mariscal De Gante, en el caso. Además, ha señalado que el proceso está “trufado de irregularidades desde la instrucción”.
Es importante destacar que este caso no solo ha tenido implicaciones legales, sino que también ha generado un fuerte debate político en Móstoles. El grupo político Más Madrid ha recordado que fueron sus concejales quienes llevaron el Caso ITV a los tribunales y han aprovechado este embargo para afirmar que “nuestra querella no fue un invento”. Consideran que ahora son “la única oposición a la derecha” en el Ayuntamiento de Móstoles.
El embargo de 667.132,02 euros a la exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, y a otros ediles en el Caso ITV marca un nuevo capítulo en este prolongado proceso legal. A pesar de las alegaciones y controversias en torno al caso, las medidas cautelares indican que el Tribunal de Cuentas considera necesario tomar acciones concretas en relación con los perjuicios económicos causados al Ayuntamiento. La evolución de este caso seguirá siendo un tema de interés tanto legal como político en Móstoles.
