El impacto de un desahucio es tan complicado como lo que sigue después. Lo saben bien las 18 familias que el pasado julio fueron desalojadas del edificio La Dignidad en el municipio madrileño de Móstoles. A medida que el tiempo avanza, estas familias se encuentran en medio de una batalla desgarradora para encontrar un lugar donde llamar hogar.
En un contexto en el que la vivienda asequible es un recurso escaso y la presión sobre el alojamiento se intensifica, su lucha se ha vuelto un grito de desesperación.
Desde que el pasado 17 de agosto decidieron realizar una acampada frente a los juzgados como forma de protesta, estas familias han denunciado una «constante persecución por parte de la policía local». Aseguran que han sido objeto de multas, agresiones e incluso detenciones por desobediencia e incumplimiento de ordenanzas municipales. Su resistencia se ha convertido en un símbolo de la lucha por la vivienda digna en España.
El pasado fin de semana, su situación llegó a un punto crítico cuando las autoridades locales intentaron desalojar el campamento. Ante su negativa a abandonar el lugar, los agentes los sometieron a un trato inhumano, arrastrándolos por el suelo y destruyendo la carpa que les servía de refugio contra la lluvia. Las imágenes de este incidente indignaron a muchos, y aumentaron la atención sobre el conflicto en Móstoles.
«El ayuntamiento DE MÓSTOLES se empeña en DESPOJARNOS de las pocas cosas que conservamos»
«El Ayuntamiento de Móstoles se empeña en despojarnos de las pocas cosas que conservamos. En lugar de buscar soluciones, parece que nuestra existencia les molesta», critican las familias desalojadas. Se sienten atrapadas en un ciclo de desesperanza en el que las mismas instituciones que deberían protegerlos los hostigan.
LAS «OFERTAS» DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES
El Ayuntamiento de Móstoles, ahora gobernado por el Partido Popular (PP) y Vox, ha respondido ofreciendo a algunas familias una ayuda de 700 euros para alquilar una habitación durante dos meses. Sin embargo, la realidad del mercado de alquiler en el municipio hace que esta oferta sea inadecuada. Según denuncian desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), encontrar una habitación por 350 euros mensuales en Móstoles es prácticamente una misión imposible, al igual que ocurre en el centro de la capital.
«El alquiler mensual de una habitación en Móstoles ronda los 450 euros. Hay propietarios que piden hasta cuatro meses por adelantado o un contrato para acreditar que puedes hacer frente a ese gasto», explica Jose Montalbo, portavoz de la plataforma. Esto coloca a las familias desalojadas en una posición precaria, especialmente cuando la mayoría de ellas se encuentran desempleadas y en la calle, sin ningún tipo de recursos.
Hay que tener en cuenta que muchas familias se han quedado a la deriva. Incluso varias personas con afecciones respiratorias y enfermedades se han tenido que quedar en la calle e incluso, los vecinos, tener que llevarlos dos o más veces al hospital debido a las condiciones meteorológicas y la no recuperación de sus enfermedades.
LOS «NO» ESFUERZOS DEL AYUNTAMIENTO
La situación se agrava aún más debido a que algunas familias necesitan más de una habitación debido al tamaño de sus familias. El portavoz recuerda que entre los afectados hay personas especialmente vulnerables, como una mujer víctima de violencia de género que se encuentra en un hostal con cuatro hijos a su cargo. A pesar de las promesas del consistorio de adjudicarle una vivienda social, la realidad es que existe una lista de espera y la ayuda no llega. Esta mujer y muchos otros continúan viviendo en condiciones extremadamente precarias.
Fuentes del Ayuntamiento de Móstoles aseguran que desde los servicios sociales se ha analizado cada caso individualmente para dar una respuesta adaptada a sus necesidades. Se han ofrecido asesoramiento para encontrar empleo y propuestas de ayudas económicas para el alquiler temporal de habitaciones. Sin embargo, por razones de protección de datos, no proporcionaron detalles específicos sobre la cantidad de ayuda brindada. En los últimos días, afirman que han reanudado las reuniones con algunas familias y que al menos cinco de ellas han aceptado las propuestas del ayuntamiento, aunque no han especificado cuáles son.
LA LUCHA SIGUE HASTA EL FINAL
A pesar de las dificultades y el hostigamiento, algunas de las familias desalojadas han encontrado refugio temporal en las casas de familiares y amigos. Sin embargo, otras diez continúan en el campamento que decidieron levantar como protesta. Lejos de rendirse, aseguran que permanecerán allí «porque no tienen dónde ir» y que seguirán luchando por una opción habitacional digna.
El caso de estas 18 familias en Móstoles es un ejemplo desgarrador de la lucha que miles de personas enfrentan en España por el derecho a la vivienda. La escasez de viviendas asequibles y las dificultades para acceder a soluciones habitacionales adecuadas son cuestiones urgentes que deben abordarse de manera efectiva y justa. Mientras tanto, estas familias continúan su lucha, enfrentando adversidades y buscando desesperadamente un lugar que puedan llamar hogar. Su historia es un recordatorio de la necesidad de políticas que garanticen la vivienda digna para todos.
