La vivienda es el principal elemento que asfixia a las familias españolas. Así se desprende del estudio titulado ‘Ingresos y gastos: una ecuación que condiciona nuestra calidad de vida’, presentado este martes por la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, y el miembro del equipo de estudios de la Fundación FOESSA, Daniel Rodríguez.
De los datos del estudio se desprende que las familias con menos ingresos invierten más de 6 de cada 10 euros (63%) a gastos de vivienda, suministros y alimentación, frente a los menos de 4 de cada 10 euros que gastan las familias con mayor nivel de ingresos.
Más de tres millones de hogares españoles (16,8%) quedan «asfixiados», por debajo del umbral de la pobreza severa, una vez pagados los gastos básicos de vivienda, suministros y alimentación, según revela el informe de Cáritas Española.
«La vivienda es, en la inmensa mayoría de los casos, el elemento que desequilibra esta ecuación y que desajusta, en casi todos los casos, las cuentas familiares», ha advertido Natalia Peiro, recordando que, tal y como publicaron en su memoria del año 2022, la organización tuvo que invertir 46 millones de euros para que cerca de 120.000 familias fueran capaces de pagar el alquiler de su vivienda.
¿CUÁNTO NECESITA UN MADRILEÑO PARA COMPRAR UNA VIVIENDA?
Según precisa el informe, en la actualidad son necesarios 7,7 años de renta bruta anual para comprar una vivienda frente a los 2,9 años que eran necesarios en 1987. Además, avisa de que el 16% de la población en alquiler experimenta un nivel extremo de estrés financiero (el pago del alquiler supone más del 60% de sus ingresos), citando cifras de EINSFOESSA 2021, con datos de 2020.
las familias con menos ingresos invierten más de 6 de cada 10 euros (63%) a gastos de vivienda, suministros y alimentación
LA POBREZA ENERGÉTICA
El informe de Cáritas también aborda el problema de la pobreza energética, que afecta a más de 4,6 millones de personas en España, según el último informe de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). La pobreza energética se define como la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud.
La pobreza energética tiene consecuencias negativas para la salud, el bienestar, el rendimiento escolar y laboral, y la participación social de las personas que la sufren. Además, contribuye al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y al deterioro del medio ambiente.
Entre las causas de la pobreza energética se encuentran el elevado precio de la energía, la baja eficiencia energética de las viviendas, el bajo nivel de ingresos de las familias y la falta de ayudas públicas. Según el informe de Cáritas, el 11,1% de los hogares españoles tiene dificultades para pagar las facturas de la luz, el gas o el agua, y el 7,4% ha sufrido cortes de suministro por impago en el último año.
PROPUESTAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A VIVIENDA
Ante esta situación, Cáritas Española propone impulsar un parque de vivienda social que garantice el acceso a una vivienda digna y asequible para las personas más vulnerables. «En España hay muchas viviendas, alrededor de 26 millones. ¿Por qué se da entonces esta paradoja de que haya tantas personas sin hogar o con problemas de vivienda?», se pregunta Natalia Peiro.
La organización reclama una mayor inversión pública en políticas de vivienda, que prioricen el alquiler social frente a la compra, que regulen los precios del mercado, que protejan a las personas en situación de desahucio y que fomenten la rehabilitación energética de las viviendas.
Asimismo, Cáritas aboga por una tarifa social de la energía que cubra las necesidades básicas de las familias más pobres, que se aplique el principio de precaución antes de proceder a los cortes de suministro por impago, que se promueva el ahorro y la eficiencia energética y que se impulse la transición hacia un modelo energético más sostenible y solidario.
«La vivienda y la energía son derechos humanos que deben ser garantizados por el Estado. No podemos permitir que haya personas que vivan en condiciones indignas o que tengan que elegir entre comer o calentarse. Es una cuestión de justicia social y de cohesión social», concluye Natalia Peiro
