Mientras la temporada navideña inunda de luces y alegría a muchas ciudades, en San Fernando de Henares la situación es diametralmente opuesta. Los vecinos afectados por las obras de ampliación de la Línea 7B de Metro sufren una pesadilla que parece no tener fin. La Plataforma de Afectados denunció recientemente que la Comunidad de Madrid tiene previsto llevar a cabo dos nuevos derribos de viviendas, sumando más desgracias a una comunidad ya exhausta.
El pasado martes, tras una reunión con la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, los vecinos recibieron la impactante noticia de la demolición de una veintena de viviendas. Estas familias ya habían sido desalojadas, lo que añade un dolor extra a una situación que se ha prolongado durante más de una década.
Este es el último episodio de una serie de desgracias que han marcado la vida de los habitantes de San Fernando de Henares desde que se iniciaron las obras de la Línea 7B de Metro en 2007, un proyecto fallido bajo la responsabilidad del Gobierno del PP. Los tribunales señalan a la administración madrileña como la principal responsable de la crisis que vive la localidad.
15 AÑOS DE DESPRECIO EN SAN FERNANDO DE HENARES
En estos 15 años, más de 600 viviendas se han visto afectadas, 88 familias han sido desalojadas y 54 hogares ya han sido derribados. Las cifras son impactantes y revelan el alcance de una problemática que parece no tener fin. La voz de los afectados, expresada a través de Alejandro Escribano, portavoz de la Plataforma de Afectados por la ampliación de la Línea 7B, es un clamor de desesperación y frustración.
Nos han arruinado la vida, nos han sacado de casa, nos maltratan”, afirma Escribano. Su testimonio refleja la angustia de una comunidad que ha perdido no solo sus hogares, sino también sus sueños y esperanzas. La situación ha llegado a un punto crítico, y la desconfianza hacia las autoridades es palpable entre los vecinos.
NEGOCIACIONES Y FALTA DE SOLUCIONES
Escribano arroja luz sobre la falta de respuestas por parte de las autoridades. “La Comunidad de Madrid ha escurrido el bulto, técnicamente, porque no ha querido dar informes ni documentación hasta que la situación ha sido irreversible”, denuncia el portavoz. La gestión de la crisis, según él, ha sido deficiente, marcada por desalojos temporales a apartahoteles en condiciones precarias o viviendas de alquiler con términos poco favorables para los afectados.
La imposibilidad de formalizar alquileres debido a discrepancias entre las inmobiliarias y la Comunidad de Madrid ha dejado a muchas familias en una situación vulnerable, teniendo que afrontar gastos inesperados y rehipotecándose para sobrevivir. Escribano señala directamente a la expresidenta Esperanza Aguirre y su exconsejero de Transportes, Francisco Granados, como responsables de la crisis.
MANIFESTACIÓN CÓMO GRITO DE AUXILIO
Hoy, 22 de diciembre, los vecinos de San Fernando de Henares llevarán a cabo una manifestación frente a la Asamblea de Madrid a las 11:00, exigiendo soluciones concretas a la crisis que atraviesan. La desesperación y la necesidad de atención a su causa han llevado a esta movilización ciudadana, que busca poner fin a una situación que parece no tener fin.
Mientras tanto, la tragedia avanza, y Escribano revela que su propia casa será demolida a finales de enero. “Veremos cómo las máquinas se tragan nuestras casas. Esto va a más y nadie toma soluciones sociales”, expone con resignación. La comunidad de San Fernando de Henares enfrenta un futuro incierto, marcado por la negligencia gubernamental y la falta de respuestas concretas a sus problemas.
En conclusión, la pesadilla de San Fernando de Henares continúa, y la manifestación de hoy refleja la urgencia de soluciones reales. Mientras algunos representantes políticos se enzarzan en un diálogo insatisfactorio, son los vecinos quienes pagan el precio de un proyecto mal concebido y de decisiones gubernamentales cuestionables. La tragedia de San Fernando de Henares es un recordatorio doloroso de la importancia de la planificación adecuada y la responsabilidad gubernamental en la ejecución de proyectos de esta envergadura.
