La llegada de migrantes a Alcalá de Henares y al distrito de Barajas en la Comunidad de Madrid ha traído polémica consigo por las últimas reyertas en los centros de acogida y la defensa de la ONG Accem.
La situación de emergencia migratoria que Canarias ha experimentado en los últimos meses ha llevado al Gobierno a poner en marcha centros de emergencia para albergar a los migrantes. Dos de estos centros, ubicados en Alcalá de Henares (Acuartelamiento Primo de Rivera, Madrid) y Cartagena (Murcia), están gestionados por la ONG Accem y dan cabida a casi 2.000 personas. También en los distritos de Carabanchel y Barajas.
Estos campamentos fueron inaugurados en noviembre de 2023 como respuesta a la llegada de aproximadamente 39.910 personas de forma irregular a las Islas Canarias durante ese año, mayoritariamente hombres.
El centro de Alcalá de Henares, que alberga a 1.221 personas, ha sido objeto de denuncias y polémicas. Tanto el propio municipio como la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, han informado sobre reyertas entre migrantes y otras problemáticas en la zona. Además, el centro de inmigrantes en el distrito de Barajas, destinado para 70 personas, se encuentra actualmente con 250 migrantes, revelando un problema crítico de capacidad.
ONG ACCEM DEFIENDE LA GESTIÓN DE LOS CENTROS DE INMIGRANTES
Ante acusaciones de «duros controles» y supuestas expulsiones, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado presentó una denuncia contra el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por su «falta de imparcialidad». Alegan que los migrantes en el centro de Alcalá de Henares sufren «duros controles» para salir de las instalaciones y son marcados con bolígrafo para su identificación.
En respuesta a estas acusaciones, el ministerio emitió un comunicado junto a la ONG Accem desmintiendo las afirmaciones de maltrato. Aseguraron que en el centro de Alcalá de Henares se garantizan los derechos humanos, negaron la existencia de «duros controles» y explicaron que estos centros ambulatorios tienen un horario para asegurar normas básicas de convivencia.
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado critica el uso del logotipo de Accem por parte del Ministerio, alegando falta de neutralidad y apoyo a una entidad privada. Rafael Escudero, secretario general de la red, acusa al ministerio de abandonar la neutralidad debida en los procedimientos y señala que la legislación en materia de buen gobierno sanciona este tipo de acciones.
La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, insiste en que «es el momento de reforzar la seguridad» tras la situación provocada por la reyerta entre migrantes del centro de acogida de Alcalá de Henares.
«Ha quedado muy claro lo que ha pasado. Ha quedado probado absolutamente que quién dice la verdad y quién intenta ocultar la nefasta gestión», ha señalado.
MENORES DE EDAD CONVIVIENDO CON ADULTOS SIN DERIVACIÓN
Además de las denuncias de maltrato y falta de imparcialidad, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha afirmado que en el centro de Alcalá de Henares conviven menores de edad con adultos sin que el Ministerio haya dispuesto vías para derivarlos. Estas acusaciones añaden más capas de complejidad a la gestión de los centros de emergencia.
La creación de estos centros de emergencia en Alcalá de Henares y Cartagena surge como respuesta a la falta de capacidad y recursos en Canarias para hacer frente a la crisis migratoria. Aunque el Gobierno insiste en que se garantizan los derechos humanos, las denuncias y polémicas plantean interrogantes sobre la gestión y la transparencia en un contexto de emergencia que sigue generando tensiones y desafíos.
EL ‘INICIO’ DE LOS CENTROS
Estos centros de inmigración que se sitúan en Alcalá de Henares y los distritos de Carabanchel y Barajas comenzaron en medio de la polémica, debido a que desde el principio faltó la transparencia y las medidas correspondientes. En concreto, la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, pedía al Ministerio de Inmigraciones que se hiciese cargo del protocolo que debían seguir los inmigrantes a su llegada al municipio además del programa que debía seguir el Ayuntamiento de Alcalá para garantizar la seguridad tanto de los ciudadanos como de los inmigrantes.
Aún así, se tardaron aproximadamente tres semanas en dar respuesta de un protocolo efectivo y de un programa a seguir en el caso del Ayuntamiento de Alcalá. El número de inmigrantes era mayor a las plazas disponibles y hubo que reubicar a varios recién llegados en los distritos de Barajas y Carabanchel. Aún así, en Barajas continúan siendo más personas que el aforo del centro de inmigración, una problemática que ha suscitado debate y que ha recriminado Ayuso.
Ahora Accem desmiente estas acciones de maltrato y asegura que no existen «tantos problemas» como se están exponiendo sobre los centros de inmigración. Aún así, la polémica continúa en Alcalá de Henares y el resto de distritos sobre la llegada de los migrantes a nuestro país el pasado noviembre.
