Rocío Monasterio ha arriesgado más de lo debido con el voto robado en la Asamblea de Madrid. La líder de la formación conservadora mantiene su versión y asegura que fue a apagar el escaño, pero en la sede electrónica aparece un voto de más, el de José Luis Ruiz Bartolomé, que abandonó el escaño el pasado 25 de enero.
La líder de Vox en el hemiciclo madrileño puede ser sancionada con un mes de suspensión, con la pérdida correspondiente del sueldo y dejar al partido también sin la subvención si la investigación abierta concluyera que se votó desde el escaño vacío.
La Asamblea indaga sobre este voto de más, un sí irregular que ha hecho saltar todas las alarmas. El Hemiciclo, con Enrique Ossorio a la cabeza, trata de dar luz al polémico caso, que podría derivar en la tumba política de Monasterio. Eso sí, con un informe jurídico sobre el procedimiento a seguir junto con las excusas de la diputada conservadora.
MONASTERIO, ENTRE QUINCE DÍAS Y UN MES DE SANCIÓN
Según el estatuto del diputado de Madrid, se establecen sanciones de entre quince días y un mes por estos hechos. Así lo recoge el artículo 34.b de esta normativa, pero también podría ser expulsada del pleno o bien de la comisión correspondiente o la pérdida de una parte o del total de la asignación económica.
En el mismo articulado, se estipula que podrían suspenderse «la suspensión de alguno de los derechos, así como la prohibición de asistir a sesiones de cualquier órgano de la Cámara, podrá ir acompañada de una reducción proporcional de las retribuciones del Diputado sancionado», según reza el reglamento.
Asimismo, «la sanción podrá hacerse extensiva a la parte alícuota de la subvención variable contemplada en el artículo 46.2 de este Reglamento respecto del Grupo Parlamentario al que pertenezca el Diputado sancionado».
VOX Y LA PÉRDIDA DE ASIGNACIÓN ECONÓMICA
Cabe señalar que Vox percibe una asignación de 686.000 euros anuales, de los que el 70% es un coste fijo y el mismo montante para todas las formaciones con grupo propio. Asimismo, por diputado corresponde la cifra de 17.800 euros, que en el caso de Vox alcanza los 195.800 euros.
El reglamento no estipula en ningún caso una sanción automática, sino que decidirán el resto de grupos parlamentarios el castigo correspondiente. De esta forma, el PP, con mayoría absoluta, tiene intención de aplicar el reglamento escrupulosamente para evitar tener que dar explicaciones de más a la situación.
Juan Lobato, además, insiste en la línea dura contra Vox, quien merece un castigo ejemplar
Fuentes ‘populares’ descartan una venganza contra Monasterio, quien ha puesto contra las cuerdas a Ayuso en diferentes ocasiones. No obstante, otras fuentes insisten en aplicar el reglamento a rajatabla, sin flexibilidad. En este caso, sería Monasterio la principal perjudicada, pero también su grupo político.
UN CASTIGO EJEMPLAR PARA MONASTERIO
El PSOE de Juan Lobato, además, insiste en la línea dura contra Vox, quien merece «un castigo ejemplar». El líder de los socialistas ha indicado prácticamente la misma línea al señalar que este hecho no puede volver a ocurrir.
Ruiz Bartolomé abandonó el acta y Pablo Gutiérrez de Cabiedes, el siguiente en la lista electoral, descartó ocupar el escaño. Así, Vox tenía un diputado menos de los previstos para la votación del pasado 1 de febrero, un voto inútil toda vez que el PP de Ayuso ostenta la mayoría absoluta.
No obstante, los vídeos muestran como Monasterio tocó el escaño de Ruiz Bartolomé, según ella, con la intención de apagarlo. Pero apareció la luz verde en el electrónico, un voto de más que en teoría no debía sumarse. Para la diputada conservadora eran cosas de la tecnología, pero los vídeos mostraban lo contrario.
EL PRECEDENTE DE ITURGAIZ Y MAYOR OREJA
Las excusas se repetían y llegó a sentirse como una presa dentro de una cacería parlamentaria. «Es imposible votar en nombre de un diputado que ya estaba dado de baja, no tenía ni el rótulo en el escaño, es todo absurdo», afirma la líder de Vox.
Esta misma declaración se escuchará ante la Mesa de la Cámara y para el castigo hay precedentes, como el de Carlos Iturgaiz, quien dio de alta a un diputado en la que no estaba. El ‘popular’ perdió sus derechos parlamentarios durante un mes. El TC sentenció a Iturgaiz por vulnerar los «principios básicos para la conformación de la voluntad legislativa» al votar por Jaime Mayor Oreja.
