Ecologistas en Acciรณn ha lamentado que el Tribunal Supremo haya inadmitido su recurso de casaciรณn reafirmando la sentencia previa del Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la que anulaba Madrid Central, una decisiรณn que avala el “poco disimulado empeรฑo” del gobierno de Josรฉ Luis Martรญnez-Almeida de acabar con la zona de bajas emisiones.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulaba el pasado mes de julio Madrid Central tras estimar parcialmente los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid y la mercantil DVuelta Asistencia Legal sin entrar al fondo del asunto y sin valorar la delimitaciรณn de esta zona de bajas emisiones y su regulaciรณn.
El TSJM apreciaba en tres sentencias diferentes la omisiรณn de trรกmites de elaboraciรณn y aprobaciรณn del marco legal que sustenta el desarrollo de Madrid Central y las resoluciones, en caso de adquirir firmeza, supondrรญa el decaimiento de las multas impuestas durante su periodo de vigencia. El fallo podรญa ser recurrido en casaciรณn ante el Supremo, que es lo que hizo Ecologistas en Acciรณn.
“Cuando el propio Parlamento Europeo pide una regulaciรณn de calidad del aire que impida revertir medidas como Madrid Central, el Gobierno municipal sigue dando pasos en sentido contrario”, ha lamentado Ecologistas en Acciรณn.
Ante las crรญticas del PP por el coste de la zona de bajas emisiones, Ecologistas ha puntualizado que el coste de la puesta en funcionamiento de esta zona de bajas emisiones se calculaba en 11,7 millones de euros durante siete aรฑos, por lo que “resulta obvio que su repercusiรณn presupuestaria era รญnfima ante un presupuesto municipal que supera los 5.000 millones anuales”, aunque “este argumento no fue atendido por el TSJM”.
A lo que suman que “para el Supremo la vigencia o no de una zona de bajas emisiones, que ha ayudado a mejorar mucho la calidad del aire en la capital, aparentemente no tiene suficiente trascendencia”. Tienen claro que el Gobierno municipal quiere “acabar con uno de los emblemas de la anterior Corporaciรณn, a pesar de ser una medida muy valorada por los madrileรฑos y madrileรฑas y que demandan mรกs barrios de la ciudad”.
Los intentos de desmantelamiento sรณlo habรญan sido frenados por los tribunales, algo que ahora ha cambiado con unas interpretaciones de la normativa bastante cuestionables. Y todo esto ocurre mientras luchamos contra una pandemia cuya virulencia se ve agravada por la contaminaciรณn y cuando la Comisiรณn Europea ha reanudado el proceso sancionador por superaciรณn reiterada de los niveles mรกximos de diรณxido de nitrรณgeno (NO2)”, han destacado en Ecologistas.
En este contexto, Ecologistas en Acciรณn pregunta al alcalde “si le parece aceptable que Madrid sea la ciudad europea con mayor mortalidad asociada al diรณxido de nitrรณgeno, un gas que sale de los tubos de escape” y le reclaman que explique “si suspender una medida que ha reducido un 20 por ciento la contaminaciรณn por este gas tรณxico durante su primer aรฑo de funcionamiento es la mejor forma de garantizar la salud de la poblaciรณn o por el contrario se trata de una descomunal irresponsabilidad que costarรก muchas vidas.
