El Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha admitido a trámite el recurso de apelación presentado por la Parroquia de la Virgen de la Paloma para exigir que la explosión de enero en la calle Toledo en un edificio de su propiedad, residencia de sacerdotes entre otros funciones, en la que perdieron la vida cuatro personas y otros decena resultó herida, “se investigue debidamente y no se cierre de forma prematura.
Tomaron esta iniciativa tras la decisión del mismo Juzgado de desestimar los recursos de reforma presentados por las familias de las víctimas de la explosión de enero en la calle Toledo, han informado fuentes de la parroquia.
“La magnitud y los elementos que intervinieron en la explosión del 20 de enero de 2021 difícilmente han podido dilucidarse en tan solo cuatro semanas de instrucción. La Policía científica dejó claro en su informe que la fuga de gas se produjo en la válvula de la acometida, bajo la acera de la calle Toledo, cuya instalación y mantenimiento son responsabilidad de la empresa suministradora del gas”, esgrimen en un comunicado.
La parroquia ha criticado que Naturgy no entregó la documentación requerida y el Juzgado “nunca se la reclamó”. El mismo juzgado que, en dos ocasiones (auto de sobreseimiento del 22/02/21 y desestimación de recurso del 27/05/21), ha optado por archivar el caso catalogándolo de accidente y fortuito.
Sin embargo, para la Parroquia de la Virgen de la Paloma, “no se han estudiado los aspectos técnicos que permiten afirmar tal cosa“. “Por ejemplo, se dice que hubo ‘un movimiento de terreno que afectó a la llave de la acometida’, pero no se ha indagado cuándo. Con el registro de consumo de gas sabríamos al menos si el tubo se desprendió antes, durante o después de la explosión. ¿Y si la fuga comenzó en los días anteriores? ¿Y si el fallo estaba en la válvula?”, se preguntan.
La parroquia tiene motivos para pensar que podía ser un caso idéntico al que ocurrió en la explosión en la calle Gaspar Arroyo de Palencia en 2007, donde después de 11 años de investigaciones se demostró que todo se debió a la mala instalación de la válvula de la acometida, que estaba mal sellada.
Aquella explosión causó la muerte de 9 personas, una treintena de heridos y tres edificios derrumbados porque, según dictó la sentencia condenatoria, la empresa gastística “no realizó las diligencias necesarias para evitar el daño ocasionado”.
La parroquia ha explicado que ha pedido formalmente que se reabra el caso porque “faltan muchas preguntas por responder”. “No estamos en el momento final sino inicial de la investigación. Y hasta ahora no se ha realizado ninguna diligencia con respecto a la empresa del gas. No nos corresponde a nosotros señalar culpables o responsables. Lo que queremos es que la búsqueda de la verdad siga su curso”, esgrimen.
