Unauto y Aseval Madrid, las patronales de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), han advertido de la pérdida de más de 61.000 empleos en España si las comunidades autónomas (CC.AA.) no regulan las licencias antes de octubre del año que viene en sus territorios.
En 2018, el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, aprobó un decreto transitorio de cuatro años por el que transfería a las regiones las competencias para regular la actividad de VTC en el marco de una ‘batalla’ entre este sector y el del taxi.
Por ahora, a falta de menos de un año para que venza este periodo transitorio, ninguna comunidad ha regulado estas licencias, lo que provocará la pérdida de habilitación de las más de 17.000 licencias para trayectos urbanos que hay en España.
Ambas patronales han realizado un estudio que cuantifica en 61.700 la pérdida de empleo y en 2.500 millones de euros el impacto económico, teniendo en cuenta el empleo destruido, la recaudación perdida y las inversiones que no se realizarían.
Según sus cálculos, el volumen de negocio generado por los VTC ascendió en 2020 a 1.350 millones de euros anuales y 758 millones de euros en impuestos de sociedades, IVA y cotizaciones sociales.
Además, estiman que las indemnizaciones compensatorias de la Administración podrían alcanzar los 1.377 millones de euros en las Comunidades Autónomas que han introducido restricciones operativas a las licencias VTC en el periodo transitorio, como Cataluña o Valencia, según cálculos de la consultora E&Y.
Con la desaparición del sector de la VTC, también creen que se vería afectada la calidad de la movilidad para los ciudadanos, ya que, actualmente, más de 8 millones de españoles hacen uso regular de los servicios VTC.
“Su desaparición resultaría en menos alternativas de transporte, en un aumento de precios para el consumidor, mayores tiempos de espera y un incremento del uso de vehículo privado, con el consecuente incremento del tráfico y contaminación”, aseguran.
Además, el sector ya ha previsto para los próximos cinco años una inversión superior a los 800 millones por la adquisición de nuevos vehículos eléctricos e infraestructuras de carga.
IMPACTO POR TERRITORIOS
En el caso de Madrid, donde actualmente el sector genera más de 13.000 empleos, entre puestos directos e indirectos, se verían afectadas un total de 7.908 licencias, el 45% del total en España. El impacto económico de la desaparición del VTC en la comunidad supondría más de 1.000 millones de euros.
Andalucía, la segunda comunidad autónoma por número de autorizaciones, cuenta con 3.196 autorizaciones de VTC, un 18,5% del total nacional, y genera más de 3.600 empleos, por lo que el impacto en la región sería superior a los 370 millones de euros.
Cataluña, una de las regiones con mayores restricciones a estos servicios, cuenta con un total de 2.814 autorizaciones y representa el 16% del total nacional, por lo que el impacto se limitaría a 432 millones de euros.
En la Comunidad Valenciana, con 858 autorizaciones (el 5% del total nacional) y también con restricciones, la cuantía económica resultante de la desaparición del VTC en la región sería de casi 160 millones de euros.
