La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes que los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana planteados por el Gobierno central “socavan el Estado de Derecho, la protección del más débil y el principio de autoridad.
Así lo ha aseverado tras reunirse con en la Real Casa de Correos con representantes de sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y de la Guardia Civil para mostrar su “reconocimiento y apoyo” a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según recoge el Ejecutivo regional en un comunicado.
Durante el encuentro, al que también ha asistido el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, la presidenta se ha comprometido a que el Gobierno autonómico trasladará a los ciudadanos, y especialmente a los más jóvenes, “la extraordinaria e importante labor que realizan” estos cuerpos.
Han participado en la reunión miembros de JUPOL, el sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía Nacional; Justicia para la Guardia Civil (JUCIL); el Sindicato Unificado de Policías (SUP); la Unión Federal de Policía de Madrid; el Sindicato Profesional de Policía (SPP); la delegación de Madrid de la Asociación Unificadade Guardias Civiles (AUGC); Independientes Guardia Civil; la delegación madrileña de Asociación Española de Guardia Civil; la Asociación de Cabos de la Guardia Civil (APC); la Unión Oficiales de la Guardia Civil; el Sindicato de Policía Nacional CEP; y la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil.
Asimismo, desde el Ejecutivo regional han asegurado que llevan dos años impulsando medidas “en beneficio de los profesionales” de Guardia Civil y Policía Nacional. Entre ellas han destacado la oferta para ceder a sus efectivos hasta 110 viviendas del parque público de viviendas autonómico, que no ha tenido respuesta por parte del Ministerio del Interior.
Asimismo, se contemplan otros incentivos como el acceso gratuito al transporte público y ayudas para el comedor escolar de los hijos de policías y guardias civiles con destino la región. El Gobierno autonómico también ha reclamado que se extienda y mejore el plus de capitalidad a toda la Comunidad y a los dos cuerpos policiales.
MODIFICACIÓN DE LA LEY PACTADA ENTRE PSOE Y UP
PSOE y Unidas Podemos proponen en sus enmiendas conjuntas a la Ley de Seguridad Ciudadana la obligación de los agentes de avisar “de manera verbal claramente audible” antes de intervenir para disolver concentraciones.
Además, se ahonda en que los protocolos de uso de la fuerza y utilización de material antidisturbios, que es el “último recurso” en caso de registrarse incidentes en manifestaciones, deben emplear los medios “menos lesivos” que causen “lesiones irreversibles”, aunque no se hace mención específica a las pelotas de goma.
Las dos formaciones ya han registrado un conjunto de enmiendas pactadas a la proposición de ley del PNV para derogar la denominada Ley Mordaza por sus detractores, aunque también han formalizado propuestas de modificación por separado. La normativa fue aprobada por el PP en 2015 y la propuesta de desmontaje llevaba más de un año parada en su trámite parlamentario.
QUITAN LA REFERENCIA A LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE
Ambas formaciones plasman ya en sus enmiendas conjuntas algunas cuestiones que ya transcendieron de la negociación, como la supresión de la disposición adicional referidas a las denominadas ‘devoluciones en caliente’.
Para ello, los dos grupos parlamentarios razonan que se trata de una materia ajena a la Ley de Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y, por tanto, este asunto se excluye “a efectos de residenciar su reforma en la Ley 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
También pautan que a efecto de diseño del DNI se incorporen diversas lenguas cooficiales del lugar de residencia del solicitante en los diferentes territorios, si bien detalla que se trata de incorporar al rango de ley el artículo 11 del real decreto que regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica.
SIN SANCIÓN PARA MANIFESTACIONES NO COMUNICADAS QUE SEAN PACÍFICAS
A su vez, pautan que deben comunicarse las manifestaciones para eventos previstos o previsibles (como, por ejemplo, la manifestación del 1 de mayo) mientras que no será necesario informar sobre aquellas que se celebren por imprevistos que provoquen su inmediatez (como pudo pasar, por ejemplo, con la manifestación por sentencia de ‘La Manada’) y solo serán sancionables si provocan violencia o alteración del orden público. Además, la no comunicación de las manifestaciones previstas y previsibles será sancionada como falta leve.
Como ya se avanzó, los traslados a comisaría a efectos de identificación se limitan a dos horas, aunque excepcionalmente se pueden prorrogar a un máximo de seis.
En paralelo, se reconoce el derecho de que los agentes le devuelvan al mismo lugar donde no pudo ser identificado cuando la dependencia policial a la que se ha trasladado a la persona se encuentre “en una localidad distinta a la del requerimiento de acompañamiento, y siempre que el traslado no afecte gravemente al funcionamiento efectivo de los servicios”.
En cuanto a los registros corporales, las modificaciones de ambos socios de coalición pautan que sean “motivadas y proporcionales”, constando por escrito las razones que justifican los cacheos en vía pública. A su vez, los registros limitarán los desnudos parciales y si estos deben realizarse de forma inmediata, será en un lugar que cuente con la “debida garantía de protección de la intimidad”.
“No se dejará a la vista la totalidad del cuerpo, ni tampoco de manera sucesiva cada una de sus partes, con el máximo respeto a la identidad sexual, procurando hacerlo siempre en lugar reservado y fuera de la vista de terceros”, ahondan las propuestas conjuntas de PSOE y Unidas Podemos.
También como ya se apuntó, no se podrá sancionar la toma y difusión de imágenes cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias. Las grabaciones de las intervenciones policías con videovigilancia móvil deberán hacerse costar en cada atestado de actuaciones en la vía pública conforme a la Ley de Protección de Datos y deberán ser custodiadas por si son requeridas por la autoridad judicial.
