En enero de 2009, Ana Garrido Ramos denunció irregularidades en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte sin saber que esa denuncia formaría parte de la investigación del conocido “caso Gürtel”, una de las mayores tramas de corrupción política de nuestro país.
Para Silvia Hernández, concejal no adscrita del municipio de Boadilla del Monte “enfrentarse a un Ayuntamiento gobernado por el mismo partido desde hace décadas exigía coraje, pero Ana Garrido nunca fue capaz de prever las consecuencias que conllevaría la denuncia, de lo que entonces suponía afectaba únicamente a los vecinos de Boadilla”.
Para la concejal, “a raíz de su denuncia, Ana Garrido no sólo sufrió depresión y temió por su integridad física, también fue sometida a un calvario judicial sufragado, para vergüenza de muchos vecinos, con los recursos del Ayuntamiento que terminó siendo condenado por acoso laboral a la denunciante en 2017”.
Ana Garrido ha sido premiada por su defensa del Estado de derecho en 2015 y Premio Internacional contra la corrupción en 2018. “Sin embargo, en Boadilla del Monte el equipo de gobierno sigue sin reconocer su labor. Le pido al PP que, esta vez sí, esté a la altura y se posicione del lado de la sensatez y el bien común de los vecinos, más allá del acatamiento de la sentencia que condenó al Ayuntamiento”.
Según datos del Barómetro sobre la Corrupción Global en la Unión Europea de 2021, un 86% de los españoles cree que la corrupción es un gran problema
Un canal de denuncias en Boadilla del Monte
El próximo 17 de diciembre será la fecha límite para que el Gobierno de España lleve a cabo la transposición de la directiva europea 2019/1937 (“directiva whistlebowing), que obligará a implementar canales de denuncia en todos los Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes y en las empresas de más de 50 empleados
“El reconocimiento de los denunciantes de corrupción como ciudadanos ejemplares y la implementación de canales de denuncia tal y como establece la directiva europea 2019/1937 ayudará a prevenir casos de corrupción y aumentar la confianza en las instituciones” indica Silvia Hernández.
En este sentido, recuerda “la obligación del Ayuntamiento de implementar un canal de denuncia para los empleados, que debe asegurar la confidencialidad con el objetivo de alertar sobre potenciales riesgos legales, y que no puede confundirse con el buzón del empleado o un canal de sugerencias”.
