Ayer se conocía que la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) pedirá 2.500 millones de euros de indemnizaciones a la Comunidad de Madrid debido a la modificación en la Ley de Transportes incluidas en el nuevo Anteproyecto de Ley de Medidas urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Comunidad de Madrid que incluye regular las VTC y “con la que incumple la promesa de la región de no regular en este sentido”.
A través de un comunicado, FPTM ha asegurado estar amparados por el Tribunal Supremo, que reconoce el derecho a indemnización para resarcir los daños de actuaciones legislativas. Es por esto, que la asociación pedirá 150.000 euros de indemnización por cada una de las 15.700 licencias del taxi de la Comunidad de Madrid.
“Con esta publicación, un 23 de diciembre a última hora y por la puerta de atrás, la Comunidad incumple la promesa que trasladó al sector del taxi tras las movilizaciones de 2019 de no regular las VTC y demuestra de nuevo que antepone los intereses de tres empresas con autorizaciones VTC frente a las más de 20.000 familias que dependen de un servicio público como el taxi”, ha criticado el presidente de la FPTM, Julio Sanz.
LA COMUNIDAD TRABAJA EN SU MODIFICACIÓN
Por su parte, la Comunidad de Madrid ya está trabajando en la modificación del reglamento del taxi para eliminar, en la medida de lo posible, las restricciones normativas que supongan un lastre para la competencia y el desarrollo futuro del sector.
Fuentes del gobierno regional, han asegurado a Qué! Madrid que “está modificación contará con la participación del sector del taxi, por lo que la Administración regional, como no puede ser de otra manera, llevará a cabo diferentes reuniones con el sector para llegar a un consenso con la Patronal y proteger a todas estas familias que dependen del taxi”.
“SE HARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR, PARA LLEGAR A UN CONSENSO CON LA PATRONAL Y PROTEGER A LAS FAMILIAS QUE DEPENDEN DEL TAXI”
La Comunidad de Madrid se ve obligada, como el resto de las Comunidades Autónomas, a legislar como consecuencia del Real Decreto Ley 13/2018 (Ley Ábalos) aprobado por el Gobierno Central, que establece un plazo límite por el en el que las autorizaciones VTC dejarían de estar habilitadas para el transporte urbano, lo que supondría, en la práctica, la desaparición del sector en el año 2022.
“MANIOBRAS ENCUBIERTAS”
Por su parte, Sanz ha subrayado que «estas maniobras encubiertas», que no les son comunicadas les hacen «sospechar de la existencia de vínculos o intereses particulares del partido en el gobierno con los especuladores que aglutinan cientos de licencias VTC» y les dejan en una situación en la que solo pueden «recurrir a la justicia».
Así, ha asegurado que desde el sector «siguen trabajando judicialmente para desmontar esta función de teatro organizada por los intereses de unos pocos en contra del sector al amparo de la Comunidad». Por ello, solicitarán las indemnizaciones anunciadas al amparo de la doctrina del Tribunal Supremo.
Ante esta situación en la que el Gobierno del Partido Popular, «vuelve a hacer y deshacer a sus anchas», desde la FPTM piden al resto de partidos políticos que «apoyen a las más de 20.000 familias que viven del taxi y que garantizan el funcionamiento de este servicio público frente al modelo que la Comunidad quiere imponer», ha indicado Sanz.
PROBLEMA DE LAS COMUNIDADES
Desde la Comunidad, dicen ser conscientes de que miles de familias en la región viven de este modo de transporte, que quedaría en un limbo por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha delegado en las Comunidades Autónomas la solución a este problema.
En la redacción de esta norma no ha participado el sector del taxi, de la misma manera que el sector de las VTC no participa tampoco en la modificación de las normas que regulan el taxi.
Ante esto, la Comunidad garantiza el mantenimiento del “statu quo” en el sector VTC, que podrán seguir operando en la región como hasta ahora, sin acceder a las condiciones reservadas en exclusiva al taxi, como la recogida en la calle o las paradas específicas, pero sin introducir restricciones adicionales, como la exigencia de un tiempo mínimo de precontratación o la necesidad de volver a la base tras cada servicio.
LA COMUNIDAD DE MADRID GARANTIZA EL MANTENIMIENTO DEL “STATU QUO” DEL SECTOR VTC, QUE PODRÁ SEGUIR OPERANDO COMO HASTA AHORA
El Gobierno regional apuesta por garantizar la mejor y más completa oferta de transporte a los madrileños, fomentar la actividad económica, el empleo y la competencia. En la Comunidad de Madrid convivirán todos los modos de transporte.
