Amnistía Internacional presentó este lunes un estudio sobre la gestión de la pandemia en las residencias de mayores que, según ha explicado el director de la entidad, Esteban Beltrán, documenta la “deficiente” actuación del Ministerio Fiscal en esta materia. Además, la organización denuncia que el cierre de las comisiones de investigación en las comunidades autónomas está provocando una “impunidad casi absoluta” sobre lo sucedido.
“El 89% de las investigaciones penales de Fiscalía han sido archivadas”, ha denunciado Beltrán, en declaraciones a los medios. A su juicio, este “escaso impulso” de las investigaciones sobre lo ocurrido en residencias de mayores está recayendo principalmente sobre familiares de las víctimas, que según ha indicado, se “sienten abandonados”.
Es por eso que la organización ha exigido a los grupos parlamentarios la creación de “una comisión de verdad” en el Congreso que analice lo ocurrido en las residencias durante la pandemia, dé respuesta a las familias y adopte recomendaciones para que no vuelva a pasar.
Así, dos años desde que se detectara el primer caso de Covid-19 en España, Amnistía Internacional informa de que los familiares de los fallecidos en residencias en pandemia mantienen muchas preocupaciones “por la falta de mecanismos y procedimientos adecuados” para saber “la verdad” sobre lo ocurrido con sus familiares.
La organización ha concluido que, hasta el momento, las autoridades han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones del derecho a la vida en las residencias, tal y como exige el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
MÁS DE 35.000 FALLECIDOS EN ESTOS CENTROS
En este sentido, recuerda que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho a la vida y exige el acceso de las víctimas a un recurso judicial que sea efectivo; mientras que el Protocolo de Minnesota (ONU, 2016) de investigación de muertes potencialmente ilícitas obliga investigarlas como parte esencial de la defensa del derecho a la vida.
“Más de 35.000 personas fallecieron en las residencias y sin embargo no hay ninguna persona declarada responsable por lo sucedido”, ha denunciado Beltrán. A su juicio, no se puede dar estas muertes por “inevitables” a consecuencia de la pandemia, ni tampoco atribuir “toda la responsabilidad a quienes cuidaban” de los mayores, porque, según ha indicado, “aunque existan múltiples factores que expliquen estas muertes, las medidas que se tomaron ante una masiva vulneración de derechos humanos no fueron las adecuadas y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad”.
En el acto ante los medios de comunicación, en el que también han depositado flores en el monumento en recuerdo a las víctimas de la pandemia en Madrid, también han participado familiares de personas mayores fallecidas en estos centros.
Ana María, cuya madre, Julia, falleció en la residencia Federica Montseny de Barcelona, ha reivindicado su “derecho a saber” lo que pasó en la residencia de su madre, a la que, según ha explicado, no trasladaron al hospital a pesar de su estado. Ella ha presentado una denuncia particular ante el juzgado, que año y medio después sigue en trámite.
También ha trasladado su testimonio a los medios de comunicación Ángela Arreba, cuya madre falleció el 8 de abril de 2020 en la residencia Amavir Arganzuela de Madrid, a la que sigue pidiendo explicaciones. De hecho, también ha presentado una querella en el juzgado junto a otros familiares.
En su testimonio ha indicado que, tras ser informada de que su madre tenía fiebre y los pulmones inflamados no pidieron su autorización para trasladarla al hospital hasta unos días antes de que falleciera, ha explicado Arreba, que también critica que no le dejaran comunicarse por ella, ni por videoconferencia durante un mes, o que siempre les aseguraran que tenían equipación y que todo estaba bien.
Desde Amnistía Internacional apuntan que, aunque el propio Ministerio Fiscal ha reconocido que se produjo una situación objetiva de vulneración de derechos fundamentales en las residencias, de las diligencias de investigación penal llevadas a término por la propia institución, “casi el 90% han sido archivadas sin llevar el caso a los tribunales.
Para la entidad, “la mayoría de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Fiscal no cumplen con los estándares de derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia que permitan el esclarecimiento de las circunstancias de las miles de muertes en residencias”.
“Las familias de las víctimas necesitan un sosiego que solo la verdad les puede proporcionar. Ante un exceso de muertes, con una clara falta de asistencia sanitaria como el que se vivió en la residencias de mayores, un papel proactivo del Ministerio Fiscal es fundamental para aclarar lo sucedido“, ha señalado Safira Cantos, responsable de la investigación en Amnistía Internacional España.
“Sin embargo, en muchos casos, son los propios familiares quienes soportan la carga de impulsar las investigaciones, puesto que deben aportar los elementos de prueba de las vulneraciones, en muchos casos inaccesibles para ellos, lo que les provoca indefensión”, ha añadido.
