La denuncia se presenta ante “la voluntad” de Anticorrupción de llamar a declarar “a determinadas personas” en alusión al caso de los contratos vinculados al hermano de Ayuso
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta mañana una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que se insta a investigar al Gobierno por doce contratos sospechosos de compra de material sanitario adjudicados durante la pandemia por 326 millones de euros y que afectarían al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, y a los exministros Salvador Illa y José Luis Ábalos, entre otros.
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, junto con el portavoz adjunto de la formación, Pedro Muñoz, y el secretario general del GPP, Enrique Núñez, se han acercado a la sede de la Fiscalía para registrar la denuncia por la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, negociaciones prohibidas a los funcionarios y tráfico de influencias.
En la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, se expone que “hay una serie de contratos formalizados por distintos órganos de la Administración del Estado, que podrían ser casos y ejemplos de actuaciones por parte de los responsables, en los que el contratista podría tener una relación de cercanía o familiar con algún alto cargo, o no se han cumplido los debidos requisitos para la contratación pública y que son obligatorios de acuerdo a la ley y el criterio del Consejo de estado y el Tribunal de Cuentas.
Así, se refiere a “la falta de solvencia del contratista, o su inadecuación de la actividad social al objeto del contrato, lo que llevó a resultados perjudiciales para la administración, especialmente por un precio desorbitado e injustificado o por el no suministro de los bienes objeto del contrato”.
Tras interponer el escrito, Serrano ha señalado que estos hechos se ponen en conocimiento de la Fiscalía “a la vista del interés mediático” y de Anticorrupción por los contratos de emergencias y ante “al parecer la voluntad de llamar a declarar a determinadas personas” dentro de las investigaciones a raíz de que el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid presentaran una denuncia en relación al contrato vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso.
PREVARICACIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS
El parlamentario regional ha expuesto que la denuncia se presenta contra “el Gobierno de España por doce contratos que suponen 326 millones de euros de siete empresas que afectan al presidente del Gobierno, a Calviño y a otros ministerios”. A su juicio, “se puede estar hablando de posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias”.
El Grupo Parlamentario Popular no descarta ampliar la denuncia conforme a ir recabando más datos de casos del mismo índole, según ha destacado su portavoz.
“Si la Fiscalía parece que va a avanzar en lo que se supone llamar a políticos, creemos que es importante conocer los casos que vinculan al marido de Calviño, a los padres de Sánchez y a otros ministerios”, ha dicho.
En esta línea, el diputado ha recalcado que “si la Fiscalía quiere seguir la línea de llamar a familiares vinculados con políticos”, desde el Partido Popular traen estos casos que afectan a los mencionados anteriormente.
“Nosotros exponemos datos y nos basamos en hechos reales. De muchos contratos han pasado dos años y nadie los ha publicado en el portal de contratación pública. En la Comunidad de Madrid están todos publicados. Si esa es la línea de la Fiscalía, esperemos que actúe”, ha insistido.
Así, ha subrayado que “nadie entendería que la Fiscalía solo actúe y analice casos según el color político de la persona investigada”. “La Justicia debe ser igual para todos. Eso en otros regímenes sería usar a la Fiscalía y que esté a los servicios del Gobierno, que entonces hablaríamos de otra cuestión”, ha apostillado agregando que esperan que “sea coherente”.
CONTRATOS IRREGULARES
En el caso del marido de Calviño, la denuncia da cuenta de que la empresa de la que es director –Beedigital– recibió contratos a pesar de que no estaba al corriente de los pagos a la Seguridad Social, algo que “ocultó” a la Administración, según Serrano. “Una empresa con deudas no puede estar contratada por el Estado”, ha espetado.
La denuncia recoge que la empresa Páginas Amarillas Soluciones Digitales, S.A. (en adelante, Beedigital), está vinculada con el marido de la Vicepresidenta 1ª, y Ministra de Economía, Nadia Calviño. I. M., marido de la vicepresidenta, es director de Marketing de la empresa, que “con anterioridad nunca había obtenido un contrato público”.
Señala que “la adjudicación a la empresa Beedigital se realizó aunque tenía entonces una deuda con la Seguridad Social de 421.000 euros“. “En el presente caso, teniendo en cuenta las circunstancias de la adjudicación o la oportunidad y necesidad del objeto del contrato, cabe plantearse si, en realidad, tal contrato no tenía como objetivo el rescate de la empresa Beedigital, que además de las deudas con la Seguridad Social, según informaciones publicadas, en el año 2019 tenía unas pérdidas de 6,4 millones de euros”, expone el escrito.
CONTRATO VINCULADO A LOS PADRES DE SÁNCHEZ
Serrano ha detallado también el caso sobre posible tráfico de influencias que incorpora el escrito que vincularía a los padres de Pedro Sánchez, con “una empresa que ha recibido financiación de créditos ICO durante la pandemia y otros anteriores” en referencia a la “concesión de subvenciones y ayudas” a Industrias Plásticas Playbol.
Según el documento, entre el 18 de febrero del 2020 y el 25 de mayo de 2021, esta empresa, recibió, “tal y como figura en el Registro del Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas, 14 ayudas por parte de la Compañía Española de Refianzamiento, S.M.E, S.A, o del Instituto de Crédito Oficial (ICO), en forma de reafianzamiento o avales, por valor de 896.000 euros, lo que representa una “ayuda equivalente” a 64.959,82 euros.
La denuncia expone otro caso de un contrato sospechoso vinculado al exministro José Luis Ábalos de una empresa con sede en Zaragoza, que según Serrano, “pasó de facturar 0 millones de euros a 53 millones gracias a los contratos del ministerio de Fomento y otros organismos”.
De igual modo, el Grupo Parlamentario Popular quiere que se investigue un contrato adjudicado por el Ministerio de Sanidad en la época de Salvador Illa en el que se “pagó tres millones de euros a una empresa de fabricación de yeso para comprar respiradores y que nunca llegaron”. “El dinero no se ha recuperado”, ha aseverado.
También se pide investigar una adjudicación del Ministerio de Sanidad a la empresa FCS Select para la adquisición de mascarillas faciales por un valor de más de 263 millones de euros.
