El Gobierno ha citado este lunes a los agentes sociales, dentro de una ronda de contactos que también incluye a los partidos políticos y a las comunidades autónomas, para conocer sus propuestas y aportaciones al Plan Nacional de respuesta a la guerra en Ucrania, que el Ejecutivo prevé aprobar el 29 de marzo.
La reunión se celebrará en la sede del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a las 18.30 horas y acudirán la titular de la cartera y vicepresidenta primera, Nadia Calviño; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Transportes, Raquel Sánchez; la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Por parte de los agentes sociales, el Ejecutivo ha convocado al secretario general de CC.OO., Unai Sordo; al secretario general de UGT, Pepe Álvarez; al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, y al de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva.
El Gobierno y los agentes sociales ya mantuvieron un primer encuentro el pasado 7 de marzo, apenas diez días después de que comenzara la guerra de Rusia contra Ucrania. En esa reunión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó un pacto de rentas para proporcionar estabilidad y confianza a la sociedad.
La única conclusión que manifestaron los sindicatos y la patronal tras aquella cita fue que los temas de ese pacto de rentas todavía estaban por definir. Sin embargo, en los días posteriores, tanto los representantes de los empresarios como de los trabajadores fueron fijando sus posiciones, sobre todo tras conocerse que el Gobierno baraja rebajas de impuestos dentro del Plan Nacional de respuesta a la guerra.
Para los sindicatos, tocar los impuestos implicaría “rebajar la capacidad del Estado para redistribuir riquezas”, como dijo la semana pasada el secretario general de UGT. Su homólogo de CCOO se pronunció en la misma línea y aseguró que esa medida solo llevaría a “ocultar la raíz del problema”, aunque se mostró partidario de adoptar “temporalmente” algunas figuras impositivas para “reducir los costes para las personas más vulnerables”.
Más que a los impuestos, Álvarez y Sordo miran a los “beneficios caídos del cielo” de las empresas eléctricas, sobre todo en el contexto de crisis energética agravado con la guerra, como uno de los puntos sobre los que actuar en este Plan Nacional de respuesta que prepara el Gobierno.
Los sindicatos cuentan en esta propuesta con el visto bueno de Yolanda Díaz, para quien tampoco han pasado desapercibidos los “beneficios récord” de estas compañías durante el último año. Además, la vicepresidenta segunda comparte con los representantes de los trabajadores su rechazo a una bajada generalizada de los impuestos.
Desde la patronal, Garamendi ha advertido sobre la “tentación de contener dividendos” y ha pedido “cuidado con esos planteamientos”, que pueden generar desconfianza y desincentivar las inversiones. El presidente de los empresarios ha manifestado su apoyo a las decisiones de la Unión Europea y del Gobierno desde que comenzaron los ataques de Rusia a Ucrania, aunque en los últimos días ha reclamado más urgencia al Ejecutivo de Sánchez.
Así, el presidente de la CEOE ha instado al Gobierno a tomar medidas inmediatas para contener el precio de la energía, sin esperar al Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo ni a la aprobación del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra, el 29 de este mes.
IMPACTO EN EL PIB Y EN EL EMPLEO
España defenderá en ese Consejo Europeo la necesidad de desacoplar el precio del gas del de la electricidad y reformar el mercado gasista en Europa. Antes de esa fecha, Sánchez se reunirá con sus homólogos de Croacia, Eslovaquia, Rumanía, Italia, Portugal, Grecia, Alemania e Irlanda, de los que buscará el respaldo a su propuesta los días 24 y 25 de marzo.
A pesar de que España no depende del gas del Este de Europa, los precios de la energía siguen desbocados y su efecto repercute en la inflación, que se situó en febrero en el 7,6%, la tasa más alta en 36 años, mientras que la subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y productos energéticos, escaló hasta el 3%, la más elevada desde septiembre de 2008.
La impredecibilidad de la duración de la guerra de Rusia contra Ucrania aumenta la incertidumbre sobre las economías europeas, que comenzaban a recuperarse del impacto del coronavirus. En España, las consecuencias del conflicto todavía no se han visto reflejadas en el empleo, aunque Díaz ya ha alertado de que podría ocurrir.
“Esta crisis va a afectar en el PIB y en el empleo (…). Nos gustaría decir que no va a tener ningún impacto, pero creo que hay que decir la verdad. Estamos actuando con rapidez y urgencia”, aseguró esta semana.
Al igual que la vicepresidenta, Garamendi también ha manifestado en varias ocasiones su preocupación por la situación. Esto es una guerra y está afectando a la economía en muchos aspectos, en la energía, en las materias primas, los abonos, los fertilizantes… hay que ver cómo evoluciona”, comentó el pasado jueves.
Antes de su reunión con los agentes sociales, el Gobierno mantendrá este lunes por la mañana un encuentro sectorial con las comunidades autónomas. Estas conversaciones no variarán los ritmos del Ejecutivo, que sigue decidido a esperar a las conclusiones del Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo antes de aprobar el Plan Nacional de respuesta a la guerra el 29 de marzo.
