Más Madrid reclama una norma estatal que permita que la gestión de residencias tenga “unos mínimos
Marea de Residencias ha rechazado este miércoles en una concentración que la Comunidad de Madrid “obligue” a los residentes que dejaron su plaza durante la crisis sanitaria a reingresar en un plazo de 45 días, tal y como establece la ley, si “no puede garantizar su seguridad”.
Así lo han manifestado familiares y trabajadores de centros sociosanitarios que conforman este movimiento frente al Ministerio de Sanidad en una movilización que ha comenzado a las 10 horas y se ha trasladado hasta el Congreso de los Diputados para exigir también una ley de residencias a nivel estatal.
Según ha expresado en declaraciones a los medios Javier Garzón, miembro de Marea de Residencias, el Ministerio que dirige Salvador Illa “debe tomar cartas en el asunto a nivel nacional y marcar ciertas directrices muy claras y muy concretas a las autonomías”.
Más Madrid reclama una norma estatal que permita que la gestión de residencias tenga “unos mínimos”
A nivel de la Comunidad de Madrid, ha criticado que el Ejecutivo regional obligue a una persona a reingresar en una institución que “ahora se ha convertido en semicarcelaria” y, en este sentido, ha lamentado que los residentes, debido al coronavirus y los protocolos que se llevan a cabo, “están restringidos de todas sus libertades” y viven en “una habitación de 2×4 metros”.
Sobre la posibilidad de estudiar cada caso acompañado de una justificación para alargar el plazo de reingreso, tal y como anunció el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, Garzón ha señalado que “no tienen ninguna constancia de esa información” y que se trata de una “perogrullada más de la Comunidad”.
RESPALDO DE MÁS MADRID
A la movilización ha asistido la concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento, Mar Barberán, quien ha remarcado en declaraciones a los medios la necesidad de una norma estatal que permita que “la gestión de residencias, que es una competencia autonómica, tenga unos mínimos para que se garanticen los derechos que están siendo vulnerados de las personas mayores”.
Sobre el plazo de 45 días, que comenzó a correr con la ‘nueva normalidad’, ha sostenido que “la Administración no puede ser tan rígida” y que, en este sentido, “debe tener la flexibilidad adecuada para en cada momento articular las medidas para que no se vulneren esos derechos”.
En esta clave, Barberán ha incidido en que “si dentro de dos meses la situación del Covid-19 cambia” y para esa persona es necesario volver a la residencia, “se va a encontrar que no tiene plaza”.
Así, ha deslizado que Madrid “apostó” por una gestión indirecta y por una gestión privada. “Nosotros creemos que la gestión pública garantiza unos cumplimientos de derecho que nunca va a poder llegar a cumplir la privada porque la esta siempre va a ver un horizonte donde sacar un beneficio económico”, ha trasladado.
Respecto a los brotes en residencias, ha indicado que desde Más Madrid ven necesario que estos centros sociosanitarios cuenten con los recursos necesarios, “también para las personas que trabajan”. Así ha insistido que “no puedes aislarlos como están haciendo porque lo que conlleva es un detrimento cognitivo de la persona”.
