El fiscal que lleva el posible amaño del Levante-Zaragoza que hizo descender al Dépor en el 2011, informó que los pagos para el supuesto amaño del partido de primera división se realizaron desde una sucursal de Boadilla del Monte. En total cerca de un millón de euros.
Los pagos se realizaron según la información aportada entre el 17 y el 19 de mayo, poco antes de arranca el partido que a la postre mandaría al Dépor a segunda división.
En esos dos días se realizaron transferencias a los jugadores de entre 85.000 y 90.000 euros, en dos pagos a cada uno, y que recibieron Antonio Prieto, Javier Aguirre, Lanzaro, Ander Herrera, Doblas, Da Silva , Braulio, Ponzio, Gabi, Jorge López y Diogo.
Según denunciaron los jugadores, esos ingresos lo retiraron de su cuenta y lo entregaron a la directiva del Zaragoza, visiones diferentes en un juicio que arranca el próximo 3 de septiembre en la Audiencia de Valencia el juicio por el amaño del Levante-Zaragoza, que terminó con el descenso del Deportivo, algo que no había ocurrido en más de 20 años.
Al supuesto amaño le sumaron las investigaciones posibles apuestas ilegales de cerca de 20 jugadores, donde finalmente algunos de ellos acudieron a declarar en calidad de imputados.
Pero el fiscal no dejaba de investigar, y fue aumentando el número de implicados, en 2014 ya eran 42 implicados, 36 de los cuales eran futbolistas. Entre los acusados estaban el presidente del Zaragoza, Agapito Iglesias; el entrenador, Javier Aguirre; y jugadores como Gabi o Ánder Herrera.
Según la querella, el Zaragoza habría pagado 965.000 euros a los jugadores del Levante para asegurar la victoria maña en aquel vital partido, ese es el dinero que salió desde una sucursal de Boadilla del Monte presuntamente.
El Zaragoza justificó esos ingresos como “primas”, pero el testimonio de Gabi desmontó esta versión, al asegurar, textualmente, que hizo “lo que Agapito me dijo”. Todos los jugadores retiraron esas cantidades días después y, según la versión de Gabi, se lo entregaron al club. Según el fiscal, ese dinero fue entregado en metálico a los jugadores querellados del Levante antes del trascendental partido.
La Liga pidió el año pasado para los acusados la pena máxima de 4 años y una multa de 2,9 millones de euros. Un año antes, en el 2017, la jueza de instrucción Isabel Rodríguez había archivado el caso al entender que no había pruebas de que el dinero acabara en las manos de los jugadores del Levante. Finalmente, la Audiencia de Valencia atendió las reclamaciones de Anticorrupción y La Liga y reabrió el caso.
