El Grupo Municipal Popular de Boadilla del Monte ha presentado una moción para el próximo Pleno municipal en la que pide al Gobierno de Pedro Sánchez que no se apropie de los ahorros de los vecinos de Boadilla.
“El Gobierno pretende que los Ayuntamientos y Diputaciones presten la totalidad del dinero acumulado durante los últimos 8 años”, sostiene Javier Úbeda, “y, a cambio, solamente se les permita gastar, durante los dos próximos años, una tercera parte de unos ahorros que son de los vecinos y, exclusivamente, en aquellas actuaciones que previamente ha definido el Ejecutivo”.
Además, Úbeda denuncia que las cantidades prestadas “serán devueltas a lo largo de los próximos 10 años”. Es decir, que “las entidades locales no podrán utilizar la totalidad de sus ahorros durante la próxima década, lo que en la práctica significa condenarnos a la asfixia y a incumplir nuestro programa electoral”.
Para el alcalde de Boadilla, la propuesta del Gobierno de la Nación para los Ayuntamientos de España esconde “un chantaje inaceptable” que además, “podría vulnerar los artículos 137 y 142 de la Constitución Española, que consagran los principios de autonomía y suficiencia financiera como base de la gestión de las entidades locales, así como varios preceptos de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local”.
Por eso, pide “el apoyo del resto de Grupos Municipales del Ayuntamiento para rechazar cualquier medida del Ejecutivo de Sánchez tendente a apropiarse de esos ahorros” y “reflexión a Sánchez y sus ministros, cuya receta para salir de la crisis no puede ser premiar a quienes no cuadran sus cuentas y castigar a quienes sí, porque eso nos traerá más irresponsabilidad, paro y miseria”.
En este sentido, la moción del PP de Boadilla también insta al Gobierno a respetar y garantizar la autonomía de las entidades locales para la gestión de sus recursos y a atender las demandas que les han presentado para que puedan disponer del 100% de sus remanentes de Tesorería para luchar contra los efectos negativos del COVID-19.
Por otro lado, reclaman al Gobierno socialista y de Podemos que, si pretende modificar alguna de las leyes que afectan a la autonomía de las entidades locales, “las valide en el Congreso de los Diputados o ante los órganos de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, legítimos representantes de Ayuntamientos y Diputaciones y de los españoles”.
