Una de las medidas más polémicas del Gobierno nacional es, sin duda, la Ley de Memoria Democrática. Una nueva normativa que ha provocado las críticas de los partidos de la oposición, especialmente el Partido Popular. Una oposición que, sin embargo, ahora parece que sí va a desarrollar esta Ley dentro de la región de Madrid.
La Comunidad de Madrid junto con la Fundación Indortes han llegado a un acuerdo para la concesión de una subvención directa para el desarrollo del proyecto “Localización y señalización de lugares de enterramiento asociados a la construcción del tren de los 40 días”. Se trata de la línea ferroviaria estratégica que construyó el Gobierno de Negrín durante la República para unir Torrejón con Tarancón.
La Fundación Indortes, que ejerce sus funciones en el ámbito nacional, tiene como finalidad fomentar la memoria, conservación, vigilancia y ornato de los cementerios de combatientes españoles, caídos en lucha. La II Conferencia Sectorial de Memoria Democrática (celebrada el 29 de abril de 2022) en el reparto del crédito ha concedido a la Comunidad de Madrid un crédito total de 63.747,30 euros.
El crédito se divide por una parte, a la localización, exhumación e identificación de personas desparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura, y por otro lado, a las actividades de divulgación y de dignificación de lugares de enterramiento y promoción de los lugares de memoria.
EL TREN DE LOS 40 DÍAS
La Vía del Tren de los 40 días o también conocida como “Vía Negrín” construida en 1938, en Torrejón de Ardoz y Tarancón. Tiene una longitud de 14 kilómetros y se construyó en tan solo 40 días para abastecer Madrid.
El llamado “Tren de los 40 días” fue un enlace ferroviario construido por la República durante la Guerra Civil Española. El fin era evitar el aislamiento que sufrió la zona centro peninsular tras el intento de toma de la capital por parte del ejército franquista durante el otoño y el invierno de 1936-1937.
Esta situación produjo el corte de la mayoría de las comunicaciones ferroviarias y carreteras que llegaban o salían de la capital. Su construcción y puesta en explotación permitió una conexión segura, facilitando de esta forma el transporte de tropas, material de guerra, y combustible, así como el abastecimiento de la población de Madrid. Para la construcción del tren se contó con un amplio numero de presos políticos y prisioneros de guerra.
LA “POLÉMICA” DE LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA
Esta ley aprobada por el Gobierno nacional, condena el golpe militar de julio de 1936 y la dictadura franquista. Durante un acto, Pedro Sánchez (Presidente del Gobierno), explicó su compromiso con la reparación de la memoria democrática para hacer efectiva “la retirada de la simbología de la dictadura, que todavía pervive en nuestra geografía”.
Sánchez insistió en la necesidad de luchar “contra el olvido” y afirmó que “la memoria democrática no es de izquierdas ni de derechas”. Algo con lo que no está muy de acuerdo la oposición, ya que explican que “los socialistas han politizado esta ley”, en especial el Partido Popular reniega de la memoria democrática española.
La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya anunció que si el Partido Popular llega al Gobierno “lo primero que vamos a hacer es eliminar la Ley de Memoria Democrática”. Critica que la Ley “se ha pactado con Bildu para acabar con la Transición Española”. La Presidenta madrileña, contempla la protección específica de la Cruz que preside el Valle de los Caídos, lo que ha sido muy criticado por la oposición.
Aunque parece que Ayuso, no ha tenido tanto inconveniente cuando se ha tratado de subvencionar el proyecto de “localización y señalización de lugares de enterramiento asociados a la construcción del tren de los 40 días”, ya que en este caso se trata de fusilados por el Gobierno de la República.
