La Plataforma Concertados, junto a varias organizaciones que representan a la enseñanza concertada, ha anunciado la puesta en marcha de la campaña informativa y de protesta ‘Más plurales, más libres, más iguales’ contra la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), conocida popularmente como ‘Ley Celaá’.
Así lo ha dado conocer este miércoles el portavoz de la iniciativa, Jesús Muñoz de Priego, en una rueda de prensa ‘online’, en la que ha afirmado que la LOMLOE “es una muy mala ley, lo es en todo, sin excepción”. “Lo es en cuanto al momento elegido, lo es en cuanto a las formas utilizadas y lo es también en cuanto al contenido”, ha manifestado.
El portavoz ha avanzado algunas de las actuaciones que se van a llevar a cabo: de forma inmediata, una campaña de concienciación ‘online’ a través de la web de ‘Más plurales, más libres, más iguales’ y sus perfiles en las redes sociales principales; un manifiesto ya disponible en su web y una recogida de firmas contra la LOMLOE y en defensa de un sistema educativo plural que garantice la libertad de enseñanza y la convivencia de diferentes proyectos educativos que se entregarán en el Congreso de los Diputados.
También se pondrán en marcha, a partir de la próxima semana y durante el mes de noviembre, los ‘miércoles de protesta’ con concentraciones en los centros educativos una vez finaliza la jornada escolar, coordinados por las AMPAS y los consejos escolares; y los martes, a partir de noviembre, habrá movilizaciones ante el Congreso y las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Además, se ha lanzado la campaña del lazo naranja, como signo visual de las reclamaciones, que se colgarán en los centros escolares.
Respecto a las movilizaciones en la calle, el portavoz ha explicado que tendrán lugar “en la forma y momento que se estime oportuno”, porque “depende mucho” de cómo va evolucionando la tramitación parlamentaria. No obstante, ha asegurado que, en este momento, se baraja que se realice no con personas sino con vehículos.
En su intervención inicial, Muñoz de Priego ha declarado que una pandemia mundial como la del coronavirus “no es el mejor momento” para promulgar una norma, “entre estados de alarma, en una situación crítica sanitaria y, por ende, económica sin precedentes”.
El portavoz ha explicado que esta situación excepcional ha hecho que se “hurte” el debate parlamentario, así como “agrede interesadamente el debate social”, algo que ha calificado de “imperdonable” cuando se trata de una ley educativa. Así, ha argumentado que en los procesos electorales precedentes los partidos políticos reconocieron que la sociedad en su conjunto estaba reclamando un Pacto de Estado por la Educación y una “ley de consenso”.
“Evidentemente, la LOMLOE no va a ser esa ley de consenso”, ha declarado Muñoz de Priego, para después añadir que “ni siquiera ha buscado el diálogo” argumentado el rechazo a la participación de la comunidad educativa en la tramitación parlamentaria de la norma en las Cortes.
“UNA VUELTA” A LA LOE “CATORCE AÑOS DESPUÉS”
En cuanto al contenido del proyecto de ley, el portavoz de la iniciativa también se ha mostrado crítico, al considerar que constituye “una vuelta” a la Ley Orgánica de Educación (LOE) “catorce años después”. “Lo peor de la LOMLOE ni siquiera es eso. Es el ataque que hace a las libertades públicas de los ciudadanos y, en particular, a la de elección y de enseñanza”, ha enfatizado.
Entre los “agravios” de la ‘Ley Celaá’ a las libertades, Muñoz de Priego ha destacado que “elimina la demanda social como criterio a tener en cuenta en la programación de las plazas por parte de la Administración”; “se inventa un derecho a la educación pública”.
Asimismo, ha criticado que la ley “posterga la asignatura de Religión, aún más de lo que ya está” e “impone” una nueva asignatura de educación en valores cívicos y éticos, “una especie de educación para la ciudadanía revivida, con las críticas de adoctrinamiento que ya tuvo esa asignatura y que se basaba en la imposición de valores no consensuada por la sociedad ni previamente elegida por los padres”.
Además, el portavoz de la iniciativa de la enseñanza concertada ha apuntado que la norma “ataca la educación diferenciada, abocándola a la no financiación con fondos públicos o incluso a su desaparición”, y ha añadido que “vuelve a limitar las funciones de gobierno de los centros concertados”.
“La aparición, otra vez, del concejal en los consejos escolares de los centros concertados sólo puede valorarse como la pretensión de intromisión de un comisario político”, ha subrayado, para después agregar que la ‘Ley Celaá’ “cuestiona la supervivencia” de los centros de educación especial y “no garantiza la educación en el idioma español”.
De este modo, organizaciones patronales y sindicales de la enseñanza concertada, junto con federaciones y asociaciones de padres y madres, han anunciado esta campaña estatal, que tendrá acciones paralelas en cada comunidad autónoma. Ante la situación de pandemia, el portavoz de la iniciativa ha asegurado que todas las actuaciones tendrán en cuenta esa circunstancias y se seguirán las indicaciones sanitarias.
El portavoz de la iniciativa ha afirmado que esta convocatoria de protesta se dirige a todas aquellas personas que creen en la libertad de enseñanza, independientemente de la titularidad del centro en el que estudien sus hijos, y ha señalado que el objetivo último sería paralizar la ‘Ley Celaá’ y lograr una norma educativa de consenso basada en un Pacto de Estado. En este punto, ha reconocido que “a estas alturas resulta harto improbable”, por lo que esperan que la Ley sea “lo menos mala posible” y puedan producirse modificaciones en el proceso de tramitación.
En el acto de presentación de la campaña, la directora de comunicación de Escuelas Católicas, Victoria Moya, ha explicado que esta iniciativa pretende defender un sistema educativo “plural e inclusivo”, en el que tengan cabida todas las personas.
CASI 4 MILLONES DE FAMILIAS AFECTADAS
En este sentido, Moya ha alertado de que este proyecto de ley afecta a más de 260.000 profesionales; cerca de cuatro millones de familias “a las que se limita el derecho a elegir” la educación de sus hijos; 3,3 millones de alumnos que eligen cursar la asignatura de religión en centros públicos y privados; y más de 9.300 centros de la red concertada y privada que “ven peligrar la continuidad de sus proyectos educativos”.
Las entidades que participan en este campaña son la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Confederación de Familias y Padres de Alumnos (COFAPA), Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), Escuelas Católicas, Escuela Cristina de Cataluña, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), la Federación de Enseñanza de USO (feUSO), LibresParaElegir.org, #ReliEsMás, YoLibre.org, ¡VenyVerás!, y la Federación Madrileña de Familias Numerosas.
