El Ayuntamiento de la localidad pretende solucionar la situación a la que se enfrentan estas 17 familias desahuciadas en Móstoles proponiéndoles pasar dos días en un hostal fuera del municipio. Una propuesta que se queda bastante lejos de la ayuda real que necesitan estas familias después de haber sido ‘arrastradas’ fuera de sus casas.
Un total de 17 familias han sido desalojadas a primera hora de este lunes del edificio okupado ‘La Dignidad’ de Móstoles, ubicado en la calle Carcavilla y vació desde 2014. El desalojo tiene lugar dos semanas después de un primer intento que se frustró por la huelga de funcionarios. En el inmueble residen 48 personas, de las que 18 son menores y algunas tienen una discapacidad reconocida.
La Plataforma Stop Desahucios Móstoles había convocado una concentración este lunes a las 7.30 horas para evitar que se materializara el desalojo, que finalmente se ha llevado a cabo bajo un fuerte dispositivo policial. Según la plataforma, la Policía entró “a base de golpes en el edificio”. Hay que tener en cuenta que estas familias no disponen de una alternativa habitacional y no tienen soluciones a su alcance ahora mismo para poder realizar su vida, ni siquiera el Ayuntamiento de Móstoles ha sido capaz, por el momento, de prestarles alguna ayuda inmediata.
Un hecho que sí ha llevado a cabo la Plataforma de Stop Desahucios Móstoles que ha comunicado al Diario Qué! Madrid que uno de los participantes de esta plataforma ha podido acoger a una familia que cuenta con dos menores a su cargo y que, como el resto de personas desahuciadas, “no podían quedarse en la calle”.
Según la plataforma, “hemos hecho lo imposible esta noche por dar soluciones a estas familias. Una pareja que sufre una minusvalía ha tenido que separarse para dormir en albergues distintos. En el caso de varias mujeres desahuciadas, una en concreto que ha sufrido violencia de género, están en casas de acogida de mujeres. Sin embargo, del resto de personas desconocemos donde han podido dormir esta noche, que desgraciadamente ha tenido que ser la calle“.
EL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES Y LA LEY DEL MÍNIMO ESFUERZO SOBRE LOS DESAHUCIOS
Por el momento, el Ayuntamiento de Móstoles no ha querido dar declaraciones al respecto. De hecho, desde la plataforma han asegurado que el consistorio no quiso recibirlos, a pesar de haberse presentado allí para solicitar alternativas. Desde el Ayuntamiento de la localidad envían a los desahuciados a los Servicios Sociales, los cuales, bajo el mandato del Ayuntamiento, proponen a las familias dos días de hotel fuera del municipio. Además, como alternativa, ofrecen 700 euros para alquilar una habitación durante dos meses, si se encuentra.
Un hecho que para las familias y la plataforma “es insultante”, básicamente, porque es imposible encontrar una habitación para dos meses en la capital por 700 euros. Ni siquiera existen estudios por este precio en el que pueda convivir una familia. La falta de soluciones y de empatizar con estas 17 familias desahuciadas están demostrando la poca comprensión e implicación del Ayuntamiento de Móstoles, al cual no parece haberle importado que estas personas sin alternativas tengan que dormir en la calle.
La Plataforma Stop Desahucios Móstoles está intentando hacer todo lo posible por estas familias y darle alternativas fiables para que puedan continuar con su vida en fuera del edificio ‘La Dignidad’.
ANTES DE ESTE DESAHUCIO
Fue en mayo de 2014 cuando la plataforma Stop Desahucios Móstoles “recuperó” este espacio “abandonado” para alojar a personas en situación de vulnerabilidad habitacional. Desde el mismo día de su ‘okupación’ “se ha tratado de negociar un alquiler social con la propiedad del edificio”, señalaron entonces.
La propietaria anterior era una empresa constructora que entró en concurso de acreedores, finalmente fue liquidada y sus propiedades, entre las que se encontraba el edificio de ‘La Dignidad’, fueron subastadas y adquiridas por un fondo de inversiones; que a su vez habría contratado los servicios de una empresa dedicada a la recuperación de inmuebles, “y que se sospecha que fue la responsable de intentar realizar un desalojo ilegal el pasado 26 de febrero”.
