El chalet-hotel de Usera: dividido en 9 micro-pisos que se alquilan a 500 euros

Un ciudadano de origen chino ha subdividido sin licencia un chalé del que es propietario hasta conseguir nueve mini-pisos los cuales alquilaba al precio de 500 euros al mes, de forma totalmente ilegal y que ahora la Policía y técnicos municipales investigan en el distrito.

Un inmueble en el distrito de Usera ha sido el centro de atención tras descubrirse que un ciudadano de origen chino ha subdividido sin licencia un chalet pareado de tres alturas en nueve mini-pisos, alquilándolos a un precio de 500 euros al mes cada uno. La operación, que resulta ser totalmente ilegal, ha desatado una investigación por parte de las autoridades municipales y la policía.

El chalet, una vivienda pareada con una superficie total de 170 metros cuadrados, fue transformado por su propietario en nueve espacios individuales, cada uno compuesto por una cocina, un baño y una cama. Aunque el inmueble estaba registrado con tres alturas en el catastro, el dueño subdividió esas alturas en múltiples unidades habitables sin obtener la correspondiente licencia municipal ni declarar la operación a Hacienda.

La situación salió a la luz cuando algunos de los inquilinos de estas infra-viviendas presentaron una denuncia. La noticia fue publicada por el diario ‘ABC’, exponiendo la presunta actividad ilegal que estaba ocurriendo en el chalet-hotel de Usera. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, explicó que los técnicos municipales están evaluando las condiciones de salubridad y seguridad de estas viviendas, y que la Policía Municipal ha transferido el caso a las autoridades competentes para verificar si el propietario tenía la licencia necesaria para esta subdivisión.

Carabante afirmó: “Los técnicos municipales del distrito van a ir hoy para verificar si tiene licencia y, si no la tuviera, por supuesto iniciar el procedimiento sancionador que puede llevar al precinto de esa vivienda”. Además, señaló que una vez finalizado el procedimiento sancionador, se determinarán las sanciones correspondientes en caso de confirmarse la ilegalidad de la operación.

LA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LOS INQUILINOS EN EL CHALET-HOTEL

Este caso pone de manifiesto la importancia de seguir los procedimientos legales y obtener las licencias necesarias al realizar modificaciones en una propiedad. La subdivisión de una vivienda en múltiples unidades habitables es una acción que requiere aprobación y control de las autoridades municipales para garantizar que las condiciones de seguridad, salubridad y habitabilidad sean adecuadas para los residentes.

Además de las posibles consecuencias administrativas y económicas para el propietario en caso de ser encontrada culpable de esta ilegalidad, también se plantea la preocupación por la seguridad y bienestar de los inquilinos que residían en los micro-pisos. Estos espacios compartimentados podrían no cumplir con los estándares de seguridad y habitabilidad requeridos, lo que representa un riesgo para la salud y la vida de quienes habitaban allí.

RESPETAR LA NORMATIVA

El caso del chalet-hotel de Usera sirve como recordatorio de la importancia de respetar las normativas y regulaciones municipales al realizar modificaciones en propiedades. El seguimiento adecuado de estos procedimientos no solo garantiza la legalidad de las acciones, sino que también asegura la seguridad y el bienestar de los residentes. A medida que las autoridades continúan investigando este caso y evalúan las consecuencias legales, queda por verse qué medidas se tomarán para abordar esta situación y prevenir incidentes similares en el futuro.

Por el momento, a medida que las autoridades continúan investigando este caso y determinando implicaciones legales, la Comunidad de Madrid espera que se apliquen sanciones adecuadas y que se tomen medidas para garantizar la seguridad y la habitabilidad de los afectados. La experiencia de este chalet-hotel de Usera subraya la necesidad de cumplir con las normativas y regulaciones municipales para garantizar la integridad de las propiedades y la seguridad de sus habitantes.