Algunas escuelas concertadas de Valdemoro están discriminando a sus alumnos en función de la renta de los padres, imponiendo unas cuotas, unos donativos y unas clases extraescolares con precios elevados a los que muchas familias no pueden hacerse cargo. Sin embargo, estamos ante un gran problema que es la falta de transparencia con las familias ya que muchos son los centros escolares que no entregan la hoja de precios o algún documento que se especifique las cuantías de las cuotas pese a que se solicita por los padres a principio de curso.
La Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdemoro (ACUSVAL) ha querido denunciar una práctica que se realiza en los colegios concertados que es ilegal. Para la Asociación, los centros privados sostenidos con fondos públicos no son todo lo transparente que debieran por lo que considera imprescindible una supervisión de las autoridades fiscales y educativas.
ACUSVAL SE AJUSTA A LA LEY
En este sentido del que hablamos de una práctica ilegal, ACUSVAL recuerda que según el Art.51 de la Ley Orgánica 8/1985 del 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación establece la obligación de impartir gratuitamente las enseñanzas concertadas, que las actividades escolares complementarias y las extraescolares y los servicios escolares no podrán tener carácter lucrativo. El cobro de cualquier cantidad a los alumnos en concepto de actividades escolares complementarias deberá ser autorizado por la Administración educativa correspondiente.
Según la mencionada Ley, las Administraciones educativas tienen la obligación de regular las actividades escolares y los servicios escolares de los centros concertados, que en todo caso tendrán carácter voluntario. Nadie puede imponer a unos padres que estén pasando por una mala situación económica o que a consecuencia de la inflación hayan perdido valor adquisitivo, que paguen unos servicios extras a precios desorbitados y que no son materia obligatoria, ya que hablamos de actividades fuera de un horario escolar.
La Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdemoro quiere que se respete y no se discrimine a los alumnos por el poder adquisitivo de los padres. La asociación ve impropio que se imponga la compra de uniformes, ‘seguros’, o material escolar en los propios centros. Son otras prácticas en las que algunos de estos colegios concertados obtienen un beneficio extraordinario.
LA ESCUELA CONCERTADA, LA MÁS BENEFICIADA
Los colegios no tienen en cuenta a las familias ni a los propios alumnos ya que muchas veces esas actividades extraescolares no son complementos extracurriculares en los que las familias puedan decidir si apuntar a sus hijos o no. Son unas actividades que se realizan durante la jornada escolar, y esto provoca a las familias que no tengan capacidad de elección y deban si o si apuntar a su hijo y por igual aumenta el pago de la matrícula.
En este contexto de mínima o nula transparencia los colegios concertados justifican que las cuotas suplen la infrafinanciación que denuncian sufrir, pese a que la partida de fondos públicos que se desvía a la concertada ha subido un 20% en diez años mientras el alumnado matriculado se mantenía estable en torno a dos millones de estudiantes.
Estas escuelas cuentan a las familias después de insistir en más de una ocasión para que son tantos pagos de cuotas. Los pagos cubren ‘actividades complementarias’, el proyecto educativo, una aportación o directamente le llaman cuota. Así es, como los centros concertados intentan camuflar unos beneficios propios y unos gastos incomodos para las familias.
LAS FAMILIAS EXIGEN CAMBIOS EN LA ESCUELA CONCERTADA
La Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdemoro exige con la denuncia que se abra la posibilidad de acceder a una escuela concertada sin la necesidad de pagar clases extraescolares y se quiten unas cuotas que a la vista está que son ilegales. Una de las opciones que abre para las familias que no puedan pagar grandes cantidades es plantearse la posibilidad de no acceder a un colegio concertado.
Según un estudio de la Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos (FAPA) realizado el curso pasado, las familias que optan por este modelo de colegio muchas veces es por falta de plazas en la escuela pública. Estas familias al quedarse sin plaza en el centro escolar público deben de matricular a su hijo en un colegio concertado donde pagan una media de 3.000 euros por curso a unas entidades subvencionadas por la Comunidad de Madrid y que se han beneficiado de la cesión del suelo público para edificar sus instalaciones.
