El antiguo ambulatorio está cerrado desde 2020, aunque la Consejería sigue abonando a su propietario un alquiler de más de 100.000 euros anuales.
En una situación que ha desatado la indignación de los vecinos y la crítica de partidos políticos, el antiguo centro de salud de Los Castillos en Alcorcón permanece cerrado desde el año 2020, a pesar de que la Consejería de Sanidad sigue pagando más de 100.000 euros al año por su alquiler.
La historia de este derroche de recursos públicos se remonta a 1977, cuando una particular firmó un contrato de alquiler con el Instituto Nacional de Provisión para el local ubicado en la calle Cabo San Vicente.
En el año 2007, la ciudad de Alcorcón inauguró un moderno centro de salud para atender a los vecinos de Los Castillos. Sin embargo, decidieron mantener operativas dos consultas en el antiguo local de la calle Cabo San Vicente, asegurando una «transición cómoda para los vecinos acostumbrados a su centro de salud de toda la vida». Desde entonces, la Consejería de Sanidad ha pagado alrededor de 100.000 euros anuales a la propietaria del inmueble por mantener en funcionamiento únicamente dos consultas, un médico de cabecera y un enfermero.
CONTRATO VIGENTE Y PROTESTAS VECINALES EN ALCORCÓN
Según denuncias de los vecinos, estas dos consultas dejaron de funcionar en 2020, durante la pandemia, pero el contrato de arrendamiento sigue vigente. La clausura del centro ha provocado la indignación de la comunidad, y recientemente, el diputado socialista en la Asamblea, Daniel Rubio Caballero, reveló que la Consejería de Sanidad sigue pagando por un centro de salud que lleva más de tres años vacío.
Rubio Caballero, quien anteriormente fue concejal y teniente de alcalde en Alcorcón, ha estado exigiendo información al Gobierno regional sobre los pagos realizados por el alquiler del local. La respuesta afirmativa de la Consejería el 26 de octubre pasado ha intensificado las críticas, tanto del PSOE como de Más Madrid, quienes han instado al Gobierno regional a romper el contrato y dejar de “malgastar” dicha cantidad.
Algunas fuentes sugieren que el hijo de la propietaria del local es Carlos Torquemada Vidal, quien fue alcalde de Algete entre 1995 y 1999 con el PP y ocupó cargos relevantes en el Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón. Estas conexiones políticas han suscitado cuestionamientos adicionales sobre la gestión de recursos públicos en Alcorcón.
Tanto el PSOE como Más Madrid han instado al Gobierno regional a rescindir el contrato con los propietarios del local y poner fin a este gasto innecesario. La comunidad exige transparencia y responsabilidad en el manejo de los fondos públicos, especialmente en un contexto donde las necesidades sanitarias son prioritarias.
FUTURO USO SANITARIO: ¿REFORMA O EXCUSA?
En respuesta a las críticas, fuentes de la Consejería de Sanidad han afirmado que se mantiene el arrendamiento del local en previsión de una futura reforma para un «uso sanitario». Argumentan que esta reforma permitiría trasladar servicios como el de Inspección Sanitaria, con más de 100 profesionales. No obstante, el argumento de la Consejería no ha convencido a quienes exigen una acción inmediata para detener el derroche de fondos.
Desde la Consejería, se insiste en que rescindir el contrato en este momento sin esperar los trámites administrativos necesarios para su uso público resultaría en una penalización económica según los términos del contrato actual. Sin embargo, la comunidad sigue cuestionando la necesidad de mantener un pago constante por un centro de salud que lleva años sin prestar servicios a la población.
La historia de este derroche de recursos públicos se remonta a 1977, cuando una particular firmó un contrato de alquiler con el Instituto Nacional de Provisión para el local ubicado en la calle Cabo San Vicente
La situación del antiguo centro de salud de Los Castillos en Alcorcón revela una gestión cuestionable de recursos públicos y plantea serias dudas sobre la priorización de las necesidades de la comunidad. Mientras los partidos políticos exigen la rescisión del contrato y la comunidad reclama transparencia, la Consejería de Sanidad sostiene su decisión basada en una futura reforma. La ciudadanía de Alcorcón espera respuestas y acciones concretas que pongan fin a este derroche económico, especialmente en un momento en que la salud pública es una prioridad indiscutible.
LA RESPUESTA DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD
Las respuestas de los actores involucrados en este caso han sido variadas. Mientras que la Consejería de Sanidad se aferra a la necesidad de mantener el contrato por razones administrativas y de planificación a largo plazo, los partidos de la oposición y la comunidad local expresan su frustración y exigen acciones más inmediatas.
Las conexiones políticas del propietario del local han agregado una capa adicional de complejidad a este asunto, alimentando las especulaciones sobre posibles influencias y favores políticos. Esto ha llevado a un aumento en las llamadas a la transparencia y a la rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos en Alcorcón.
