La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, ha impuesto la obligación de implementar las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) antes del 1 de enero de 2023 para ciudades con más de 50.000 habitantes. A pesar de esta directriz legal, varios municipios de la Comunidad de Madrid están experimentando considerables retrasos y no lograrán cumplir con esta fecha límite.
El Defensor del Pueblo ha tomado cartas en el asunto, iniciando acciones de oficio con 33 ciudades en todo el país debido a los retrasos en la implantación, y cinco de ellas pertenecen a la Comunidad de Madrid. La institución, bajo la dirección de Ángel Gabilondo, ha invocado el artículo 14 de la mencionada ley, el cual establece medidas y plazos específicos para que las administraciones públicas promuevan la mejora de la calidad del aire mediante la reducción de emisiones atmosféricas.
En relación con las actuaciones de oficio, se están investigando municipios con más de 50.000 habitantes cuyos ayuntamientos aún no han iniciado los trámites para declarar las ZBE, como es el caso de Aranjuez. También están bajo escrutinio los municipios con más de 300.000 habitantes que aún no han aprobado las ZBE a pesar de estar en trámite.
El Defensor del Pueblo ha señalado un segundo supuesto, relacionado con los municipios en los que «se han revertido o van a revertirse los pasos dados para la adopción de las ZBE», basándose en información proveniente de medios de comunicación y declaraciones de órganos representativos del municipio, órganos competentes en medio ambiente y representantes políticos.
En total, 18 municipios no han iniciado la tramitación de la ZBE, incluyendo Aranjuez, Arganda de Rey, Coslada, Tres Cantos y Valdemoro en la Comunidad de Madrid.
RETRASOS EN LA IMPLANTACIÓN DE LAS ZBE
Aquellos municipios que han iniciado la tramitación de la ZBE, pero experimentan retrasos en su implantación, incluyen al Ayuntamiento de Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante y Córdoba.
En contraste, ocho municipios están revirtiendo o retrocediendo en las decisiones tomadas hasta el momento. Entre ellos se encuentran el Ayuntamiento de Badalona (Barcelona), Valencia, Gijón, Valladolid, Castellón de la Plana (Castellón), Lorca (Murcia), el Ayuntamiento de Elche (Alicante) y el de Majadahonda (Madrid).
MAJADAHONDA DESMIENTE INFORMACIONES FALSAS
Majadahonda ha salido al paso de las acusaciones y ha desmentido «categóricamente» la información que lo coloca entre los municipios que están dando marcha atrás en la implantación de ZBE. Aseguran que están trabajando activamente en la creación de estas zonas y expresan su desconcierto por figurar en esa lista.
En un comunicado, el Ayuntamiento de Majadahonda afirmó que remitieron un escrito al Defensor del Pueblo el pasado 6 de noviembre, en el cual comunicaron su “compromiso” en la creación de la Zona de Bajas Emisiones. Además, destacaron la aprobación de subvenciones para proyectos complementarios relacionados con la ZBE por un importe total de 1.140.920 euros.
LOS DESAFÍOS DE COSLADA
Coslada también figura entre los municipios que no han iniciado aún la tramitación de la ZBE. Sin embargo, desde el gobierno municipal señalan que este año tienen la tarea de poner en marcha la zona de bajas emisiones en la ciudad. Subrayan el objetivo de fomentar alternativas al coche, como el transporte público y la bicicleta.
El Defensor del Pueblo ha señalado un segundo supuesto, relacionado con los municipios en los que «se han revertido o van a revertirse los pasos dados para la adopción de las ZBE»
La resistencia de algunos municipios ante la implantación de las ZBE plantea interrogantes sobre la prioridad que se otorga a la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad del aire en estas localidades. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética busca promover medidas concretas para abordar estos problemas, y los retrasos y retrocesos observados generan inquietudes sobre la efectividad de las políticas medioambientales a nivel local.
CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS MEDIOAMBIENTALES
El incumplimiento de los plazos establecidos para la implantación de ZBE no solo implica una falta de compromiso con la lucha contra el cambio climático, sino que también pone en riesgo la salud de los ciudadanos al no abordar de manera eficiente la contaminación atmosférica. Las Zonas de Bajas Emisiones son herramientas esenciales para reducir la emisión de gases contaminantes y mejorar la calidad del aire en entornos urbanos.
La situación actual evidencia la necesidad de una mayor vigilancia y seguimiento por parte de las autoridades y organismos medioambientales para garantizar que los municipios cumplan con sus responsabilidades en materia de transición energética y mitigación del cambio climático. La presión de la sociedad civil y las organizaciones medioambientales también desempeñan un papel crucial en la promoción de prácticas sostenibles y en la exigencia de medidas concretas para preservar el medio ambiente.
En resumen, la resistencia de algunos municipios de la Comunidad de Madrid a la implantación de Zonas de Bajas Emisiones plantea desafíos significativos para alcanzar los objetivos medioambientales establecidos por la legislación actual. La urgencia de abordar el cambio climático y mejorar la calidad del aire exige un compromiso firme por parte de las autoridades locales, así como una supervisión efectiva y una participación activa de la sociedad para garantizar un futuro sostenible para todos.
