La Asamblea de Madrid ha dado luz verde este jueves por la noche en el Pleno, con los votos de PP, Cs y Vox, al Proyecto de Ley que reconoce a la entidad Ontreo Plus, Sociedad Limitada Unipersonal, como universidad privada con la denominación de ‘Universidad Internacional de la Empresa’, que se establecerá en la comunidad.
Con esta ya suman 12 las universidades privadas autorizadas en la Comunidad de Madrid. Según recoge en la iniciativa, “esta universidad, que tiene personalidad jurídica propia y forma de sociedad de responsabilidad limitada, ofrecerá enseñanzas universitarias presenciales y ejercerá las demás funciones que le corresponden como institución que realiza el servicio público de la educación superior a través del estudio y la investigación”.
La Universidad Internacional de la Empresa se regirá por su ley de reconocimiento y sus normas de organización y funcionamiento, así como por la normativa estatal y autonómica en materia de universidades.
Además, en el proyecto de ley se establece su estructura, la autorización para el inicio de actividades de la universidad, requisitos de acceso, plazo de funcionamiento de la universidad y sus centros, garantías e inspección.
En el debate parlamentario, el consejero de Universidades, Eduardo Sicilia, señaló ayer como elementos distintivos del proyecto que “contribuirá al progreso educativo y cultural, al crecimiento económico y al desarrollo social de la Comunidad”.
“Los promotores acreditación experiencia en el sector educativo y su capacidad de impulsar estrategias en el ámbito formativo que aseguren la calidad”, subrayó.
Además, aseguró que la propuesta para la nueva universidad presenta “excelencia” en cuanto a estrategias docentes innovadoras y como elemento transversal de la formación de su profesorado, la captación de investigadores y de fondos para el desarrollo de I+D+i.
BAJADA DE IMPUESTOS
Asimismo, la Asamblea comienza ya a tramitar la primera bajada de impuestos del Gobierno de la Comunidad de Madrid pero esta vez mediante una Proposición de Ley de Vox, que es prácticamente igual a la normativa que propuso inicialmente el Ejecutivo madrileño y que este partido había rechazado. La toma en consideración se aprobó anoche con los votos a favor de PP, Cs y Vox.
En el mes de marzo, el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, y la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, alcanzaron un acuerdo mediante el que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se comprometía a reducir el gasto público y estos sacarían adelante las rebajas de impuestos presentadas por el Ejecutivo.
Este acuerdo fue negado por el vicepresidente, Ignacio Aguado, que aseguró que únicamente se habían limitado a llevar la iniciativa al Parlamento madrileño. Ante esto, Vox tumbó la propuesta del Gobierno aunque presentó la misma iniciativa con una nueva disposición final en septiembre.
Con ella, se busca un incentivo para los madrileños que quieran cursar estudios superiores, mediante la deducción del cien por cien de los gastos por intereses de los préstamos concedidos para cursar grados universitarios, másters y doctorados.
Esta deducción no solo afecta a titulaciones oficiales de centros públicos, sino que se extiende también a másters de cualquier universidad privada, como las escuelas de negocios, siempre que dicha entidad imparta también formación que permita la obtención de un título oficial. Los intereses serán deducibles cuando el beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge o un descendiente a su cargo.
Se articula también una deducción fiscal para el cuidado de los mayores en el ámbito familiar. Podrán deducirse hasta 500 euros en la renta aquellos contribuyentes que tengan ascendientes mayores de 65 años o con discapacidad a su cuidado. Esta medida perfecciona y complementa la deducción ya vigente para quienes conviven con personas mayores con quienes no hubiera tal relación.
En tercer lugar, para los jóvenes que quieran formar un hogar, la Comunidad de Madrid establecerá una deducción para la compra de la vivienda habitual, que alcanzará el 25 por ciento de los intereses de la hipoteca contraída, con un máximo de 1.000 euros anuales, hasta que cumplan los 30 años.
